Ante el espejo

La verdad sobre la fiscalización

Uno de los puntos centrales de la reforma electoral, además de exigencia ciudadana, fue la reducción de los recursos públicos que son entregados a los partidos políticos. Para abaratar el costo de la democracia, el legislador unificó la fórmula de financiamiento en todo el territorio nacional, fijándola en el 65% del salario mínimo multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

El esquema de distribución también se homologó, quedando asignaciones del 30% en forma paritaria y el 70% proporcional a la votación válida efectiva de cada partido político. Nuestra entidad antes preveía el 15% y 85% respectivamente. Ello originó un notorio incremento del financiamiento permanente, que en nuestro caso asciende al 62%.

Con la nueva fórmula, en el Estado de México los partidos políticos reciben 485 millones 690 mil pesos para actividades permanentes, lo que implica 186 millones 787 mil pesos más de lo que hubieran recibido con la antigua. Eso los obliga a programar y presupuestar el gasto, del mismo modo en que están constreñidos a hacerlo con el financiamiento para actividades específicas y el de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

El financiamiento para la obtención del voto en las campañas electorales corrió suerte distinta, ya que registró una sensible baja en los montos a distribuir –30% del correspondiente a actividades permanentes para la elección de Diputados y Ayuntamientos y 50% para la de gobernador–, pues con la anterior fórmula hubiera ascendido a 538 millones 26 mil pesos, mientras que con la actual quedó en 145 millones 707 mil pesos.

Sin embargo, los topes de gastos de campaña, que se obtienen multiplicando el 34% del salario mínimo general por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, no cambiaron. El monto total de éstos en todos los municipios y distritos asciende a 512 millones 281 mil pesos. Resulta imposible que las fuerzas políticas se acerquen a dicha cantidad, pues el financiamiento público que recibirán para para campaña apenas equivale al 28.44%.

El legislador debió no solamente prever una reducción de los montos entregados para la obtención del voto, sino también una nueva fórmula en la que los límites no fueran absurdos en comparación con los montos otorgados.

Bajo tales condiciones, el verdadero tope es el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado que obliga a que los montos privados obtenidos por los partidos sean siempre menores a los públicos. En ese escenario, si ejercieran esa prerrogativa a plenitud tampoco se aproximarían al tope de gastos total.

La no modificación de la fórmula ocasionó la desorientación de los actores en una ficción jurídica o auténtica quimera política que los ha hecho creer que pueden obtener dinero privado siempre y cuando no rebasen el tope. Solo la elevada ética política y moral pública logrará el respeto a los límites y la observancia del principio constitucional de prevalencia. Pasada la jornada electoral sabremos si los contendientes la tuvieron o no.