Ante el espejo

La corrupción se cura con la revolución moral

Nuestra patria requiere de un nuevo escenario para cambiar las convenciones sociales tan arraigadas sobre las prácticas corruptas vistas como algo normal. Para ello es necesario la institucionalización de políticas públicas que disminuyan la corrupción, combatir los subterfugios fiscales, promover una administración del gasto público más transparente, eficaz y eficiente, velando de la inversión pública: la infraestructura "faraónica" deleite de grandes compañías.

La corrupción como peculiaridad social ha logrado instalarse en el inconsciente colectivo; al igual que el cáncer se infiltra en el cuerpo institucional, se propaga y toma el control de las mismas, pero también si se detecta a tiempo no contagia a las instituciones.

México, al padecer esta enfermedad, ha empezado su tratamiento el pasado 26 de febrero donde la Cámara de Diputados aprobó el "Dictamen en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del sistema nacional anticorrupción" donde se modifican 14 artículos, a saber 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Carta Magna cuya finalidad es remediar el padecimiento de la corrupción .De dicho paliativo extraigo un decálogo remedial:

1) La facultad del Congreso para expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

2) Una ley general que distribuye competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.

3) Fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación, auditar en tiempo real.

4) Órganos internos de control, cuyo titular será designado por las dos terceras de la Cámara de Diputados.

5) Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves.

6) Los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, competentes para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave.

7) Nombramiento ratificado en el Senado del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal.

8) Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses.

9) Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades.

10) La creación de un Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, además la fiscalización y control de recursos públicos.

Si se emplean estos remedios de forma correcta, creo que la debilidad del Estado mexicano con una extendida corrupción que ha socavado el sistema policial y judicial, así como la incapacidad para enfrentar la inseguridad, el apartamiento de distintos sectores sociales con la realidad nacional y el empobrecimiento lacerante tendrá cura.

Pero más allá de nuevas y mejores leyes para eliminar la corrupción, es necesario transformarnos como personas e instituciones por medio de mejores prácticas donde la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas conlleven hacia una nueva revolución moral.