Ante el espejo

Estado constitucional democrático de derecho

Una de las características de los Estados-nación contemporáneos es la premisa de los gobiernos por generar las condiciones óptimas para que su sociedad goce de riqueza, estableciendo condiciones institucionales de educación, salud, financieras, políticas, jurídicas, etc. debidamente estructuradas; generando espacios deliberativos de desarrollo sustentable y sostenible más allá de su territorio.

Elemento primordial del "contrato social" que da sustento a las repúblicas constitucionales y democráticas, es que la función ejecutiva garantice la seguridad por medio de la correcta administración, a fin de generar las políticas públicas que detonen eficazmente una economía productiva, trabajos competitivos, un ambiente empresarial rentable para la inversión, que finalmente nos ubique como un destino atractivo en el mundo globalizado.

Por su parte, la función legislativa deberá ser ese ente armonizador entre la vida pública y privada que mediante su producción parlamentaria genere un diseño de país con la inclusión de derechos garantizados y de responsabilidades exigibles, dentro de los procesos viables para su ejercicio ciudadano. Ahora bien, que la función judicial garantice una argumentación resolutiva vanguardista entre los conflictos de intereses de las personas y su servicio sea no sólo cultivador de certeza, sino inspirador de confianza y productor de transparencia.

Lo anterior, invariablemente de la interacción actual de la jurisdicción y competencia de los distintos poderes públicos de naturaleza nacional, federal o general según sea el caso: niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos y regímenes jurídicos. Armonía y sintonía es lo que se espera del ámbito privado de la maquinaria estatal a fin de satisfacer las necesidades que por su naturaleza –se le demandan- está destinado a cumplimentar.

Vale la pena tener siempre presente que el pensamiento político es coetáneo de la vida pública. Y tampoco debe olvidarse que la "voluntad general", es decir, el filosofar común y corriente nos permitió, preparó ó indujo en la participación breve o prolongada en una agenda pública; con asuntos, metas y objetivos conjuntos unas veces y separados otras tantas. Pero siempre bajo la directriz dialógica del absoluto respeto por los derechos fundamentales de las personas por parte de tod@s, sin distinciones, salvo las previstas excepcionalmente por el derecho.

Tal vez siempre, pero principalmente en nuestros tiempos la política, el derecho y la economía deben responder a las propias exigencias humanas, de horizontes liberales, objetivos sociales, metas igualitarias-equitativas, etc., que pongan en acción las visiones que se producen a través de las instituciones del moderno "Estado constitucional democrático de derecho". Que este muestre su naturaleza benévola: su aspecto y su don. Cómo aparece e interactúa el territorio, el por y para qué del crecimiento-carácter del gobierno, el cuándo y dónde de los modos o costumbres sociales, en fin, todas y cada una de las manifestaciones de un país deben ser conductas regulares, convenciones horizontales, verticales y societales.

Estamos obligados –ahora más que nunca- a probarnos a nosotr@s mism@s por nuestro propio bien, que es posible existir -más y mejor- en un auténtico gran país con ideas y formas constitucionales, republicanas, democráticas y libres.