Ante el espejo

Valentía jurisdiccional electoral

El pasado 22 de octubre –un poco antes de que cundiera la alarma por el huracán Patricia– la tormenta ya había sacudido a Colima con la nulidad de la elección de gobernador resuelta por la Sala Superior del TEPJF. La sentencia, aprobada por mayoría de cuatro votos de los magistrados, contiene algunas consideraciones que son dignas de comentar pues indudablemente serán la pauta de actuación jurisdiccional para las elecciones del próximo año en las que se renovarán nueve gubernaturas.

Ésta es la segunda ocasión que la Sala Superior anula una elección de ese estado en doce años. La primera fue en 2003 y en aquella ocasión la causal fue la misma, intervención indebida del ejecutivo para favorecer al candidato de su partido. Los preceptos vulnerados tanto en aquel año como ahora son los mismos, los artículos 134 de la Constitución General de la República y59 de la Constitución Local.

Más allá de conceptos como el de violación a preceptos constitucionales, determinancia y reparación posible, sobre los cuales la literatura es basta, la sentencia puede ser analizada desde la perspectiva de la idoneidad de la prueba, pues la mayoría de los magistrados de la Sala Superior dieron un giro de ciento ochenta grados cuando analizaron el video de la comparecencia de Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social de Colima, ante el Congreso local, en la que reconoció implícitamente como suyas las declaraciones de un audio en el que ordenaba apoyar a los candidatos de su partido.

Como en la mayoría de los procesos en los que se pretende demostrar la conducta ilícita del Estado, no existen pruebas directas de los agentes de éste, sino solo medios indiciarios en los que la Sala Superior realizó una conexión inferencial válida entre el factum probanso la circunstancia percibida directamente por los magistrados (el audio y el video del secretario de Desarrollo Social), con el factum probandum o hecho en disputa, es decir, la intervención indebida del Ejecutivo para favorecer al candidato de su partido.

Además, la sentencia contiene un criterio que puede resultar una joya para la evolución del derecho procesal constitucional en nuestro país. Valiéndose de precedentes del Derecho Internacional, el tribunal invocó el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos según el cual la defensa de la legalidad de los actos del Estado no puede descansar en la imposibilidad del demandante de allegar pruebas al proceso, dado que en dichos casos es el Estado quien ostenta el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos bajo su jurisdicción.

La sentencia de la Sala Superior será a partir de ahora un estándar en cuanto a la técnica de valoración de pruebas. Sin embargo, se extralimita al ordenar al INE la realización del proceso electoral extraordinario en Colima. En este punto, reculó en cuanto al federalismo electoral que siempre ha impulsado y debilitó a los OPLES ya de por sí bastante reducidos en sus funciones.