Ante el espejo

Ubi societas ubi ius (2 de 2)

Para un país no existe mayor indicador "deperformance" o acciones gubernamentales en la economía, la política y el sector social que una excelente salud del Estado de Derecho, pues toda sociedad nacional necesita ser aceptada y reconocida por sí misma, y de manera recíproca por las relaciones internacionales de otros Estados-Nación en los que mutuamente exista una percepción sólida de legitimidad institucional. La legitimad es un factor esencial en las relaciones públicas y privadas de un país, tan importante que no tiene sustitución pues la construcción de ciudadanía y la consolidación de instituciones se lleva a cabo por la capacidad productiva de asociación positiva de nuestra imagen cultural y diseminar todas aquellas buenas prácticas que nos resalten mejor simetría social, maticen mayor imparcialidad en el espacio público de interés general y nos contextualice "el esfuerzo para coincidir en lo común" como mínimo vital.

El hecho de que las cosas deban de ser y no meramente simulen serlo conlleva un efecto integrador de la dignidad humana, pues parafraseando a Ihering, "la coacción ejercida por el Estado constituye el criterio absoluto del derecho (...) Son derecho todas las normas realizadas de éste modo", de tal suerte que la corrección de funcionalidad institucional del Estado de Derecho lo es la concordancia práctica de la eficacia y efectividad de la unidad social y la equivalencia individual pro-persona.

No existe Estado de Derecho si no se provee el cimiento para que las comunidades cuenten con desarrollo económico sustentable y sostenible, un gobierno responsable que rinda cuentas y respeto absoluto a los derechos fundamentales. La asociación The World Justice Project recientemente publicó su Rule Law Index en los que contempla nueve factores principales respecto del Estado de Derecho, 1) Restricciones al poder gubernamental: Gobierno, oficiales y agentes subordinados por la ley; 2) Ausencia de corrupción: Eliminar el soborno, el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos u otro tipos de recursos del gobierno; 3) Gobierno abierto: leyes claras y accesibles, procedimientos administrativos publicitados a la participación pública con información oficial disponible; 4) Derechos fundamentales: Observancia plena por su cumplimiento y garantía de su exigencia; 5) Orden y seguridad: Hacer mediciones a fin de garantizar la seguridad personal, la propiedad, el trabajo, para erradicar la violencia y el crimen que compense sistemáticamente dichas injusticias; 6) Aplicación de la ley: Realizar una regulación armónica y efectivamente implementada; 7) Justicia civil: Resolución de agravios de forma pacífica con un sistema judicial accesible libre de discriminación; 8) Justicia penal: Respeto por el debido proceso y correcto ajustamiento al sistema, generando acciones disuasivas de delitos y; 9) Justicia informal: Condiciones óptimas para la resolución de disputas por medio de árbitros tradicionales, indígenas o religiosos.

En un Estado de Derecho todo vale, todo importa, es decir, todo es trascendente entre lo público, lo privado y lo íntimo. Como fenómeno significativo invita a pensar racionalmente, sus transacciones discursivas ayudan a comprender la verdad y el diálogo humano mantiene inmerso el vínculo social con el otr@. La unidad mínima que da sentido y referencia es el lenguaje de los derechos, la información de las obligaciones y la comunicación de la ley. El Estado de Derecho permite conseguir todas aquellas cosas que hacen que la vida sea digna de vivirse. Promueve la emoción creativa, facilita la satisfacción ideal e influye impulsos sublimes a nuestras vidas; transforma nuestra cultura y el modo en que miramos el mundo. El Estado de Derecho mejora nuestra personalidad, nos da una vida más satisfactoria que nos permite a su vez, una mayor realización en comunidad porque "donde hay sociedad hay Derecho".