Ante el espejo

Transparencia y modernidad

El de acceso a la información es un derecho humano no solamente salvaguardado en la Constitución Federal sino también previsto en tratados internacionales, pactos y convenciones. Al mismo tiempo es estructura de empoderamiento de las personas y vuelve más informada y demandante a la ciudadanía. Para que esto ocurra, se requiere una participación ciudadana permanente, porque democracia y transparencia caminan de la mano.

México ha vivido una larga evolución en los estándares de rendición de cuentas. En 2001 se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2006 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el primero de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Todas ellas han sido objeto de reformas mientras ocupamos el lugar 106 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional y en el mismo año solo el 37% de la población apoyaba la democracia según Latinobarómetro.

El ingreso per cápita en nuestro país oscila en los 12,850 dólares anuales, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE que se ubica en 23,938 dólares. Por el contrario, trabajamos 2,226 horas al mientras que el promedio es de 1,765. Recientemente terminamos un proceso de reformas estructurales cuyo objetivo final debe centrarse en la construcción de un clima de confianza que pase por la democracia económica y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida.

En la actualidad, la pluralidad política ha orillado a dar nuevo contenido y sentido a la acción gubernativa que inscrita en clave de modernidad económica permita desplegar una estrategia transversal y visión para instrumentar políticas y programas estatales orientados a resultados que optimicen los recursos públicos y apoyados en medios tecnológicos impulsen la información, publicidad, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de toda entidad pública.

El objetivo para los próximos años es impulsar una administración que mejore la gestión pública y acelere la inserción de México en la sociedad del conocimiento. Será en esta dinámica que México asumirá para octubre de este año la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que reúne a 64 países con el propósito de promover iniciativas basadas en los principios de transparencia, colaboración y rendición cuentas, que permitan trasformar la relación entre gobierno y ciudadanía.

Una acción fundamental es la nueva estructura de la cuenta pública a través de la modernización contable y la adopción de las normas profesionales del sistema nacional de fiscalización, así como normas de control interno para el ámbito estatal, que permitirá al público en general el acceso a la información contable presupuestaria y programática del Poder Ejecutivo, de cada uno de los entes que conforman a los Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y las 198 entidades del sector paraestatal, imbricados en el fortalecimiento de la responsabilidad horizontal de los órdenes de gobierno.

Los cambios vividos en México durante los últimos meses nos plantean la oportunidad para fortalecer la competitividad de la economía nacional, generar riqueza en beneficio de la población e impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del país, pero todo ello no es posible sin métodos de autodiagnóstico institucionales, políticas públicas diseñadas en el tetraedro de legitimidad moral, técnica, política y legal, además de una participación ciudadana permanente capaz de manejar, presentar y resumir la gran cantidad de información que hoy está a nuestro alcance.