Ante el espejo

Transición electoral permanente: OTF-UTF

Pocos tópicos fueron transformados sustancialmente por la reforma electoral como la fiscalización, que es fundamental ante cualquier modificación del andamiaje normativo. Si el financiamiento es parte de la vida normal democrática más que una de sus patologías, los esquemas para su control son medulares para todo sistema que se precie de ser saludable.

En el ámbito de nuestra Entidad, las modificaciones constitucionales y legales dieron paso a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) que sustituye al Órgano Técnico de Fiscalización (OTF), cuyo desempeñó fue del 11 de septiembre de 2008 hasta el pasado 14 de octubre y que en seis años fiscalizó alrededor de 3 mil 614 millones de pesos del financiamiento público y privado ejercido por los partidos políticos en el Estado de México.

La historia para la UTF no comienza nuevamente. Su antecedente, el OTF, es un referente a nivel nacional porque desde 2008 fue diseñando esquemas que incluyen procesos fiscalizadores certificados bajo la norma ISO 9001:2008 del sistema de gestión de la calidad o la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001:2013, bajo el cual, con anticipación a la reforma, se realizan las verificaciones y auditorías con plataformas tecnológicas que permiten cargar la información y evidencia en línea.

A partir de su creación, la UTF tiene atribuciones para fiscalizar el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento empleado por los partidos durante el ejercicio 2014; los recursos de las organizaciones de ciudadanos que iniciaron el procedimiento para obtener el registro como partidos políticos locales antes del 23 de mayo, además de la liquidación de los institutos políticos que pierdan el registro.

Sin embargo, hay aspectos que trascienden a cualquier reforma y que la UTF seguirá operando del mismo modo en que lo venía haciendo el OTF. Independientemente del cambio en la legislación que implica transformaciones normativas, hemos entendido siempre al derecho electoral mucho más allá de las reglas, directrices, principios y valores.

Si bien, los partidos políticos gozan constitucionalmente de un régimen protector que establece derechos y prerrogativas especiales y distintos a los de las personas físicas, lo cierto es que mucho antes de que se efectuara la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, en nuestro ámbito de competencia procuramos proteger la existencia, identidad, y libre desarrollo de las actividades de las "entidades de interés público". Por eso, desde el 2008, la fiscalización en el Estado de México implica la aplicación de normas constitucionales y legales, además de las de carácter internacional, lo que origina modelos de control difuso de la convencionalidad, no solo abstracto, sino material y concreto.

Por eso, el compromiso de la UTF es continuar la ruta de consolidación para el aseguramiento efectivo de los principios de certeza, legalidad, objetividad, independencia, profesionalismo, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad en la revisión sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento de nuestra democracia.