Ante el espejo

Proceso electoral mexiquense

El 7 de octubre inició el proceso electoral en el Estado de México. Con él, se pondrá a prueba la reforma que nos dejó un Código que pasó de los 360 a los 566 artículos. La variación en la extensión puede justificarse si se tiene en cuenta que ahora se regulan las candidaturas independientes y la consulta popular, además de que novedosamente prevé el procedimiento especial sancionador por conductas que se ubiquen en la promoción personalizada de servidores públicos, contravengan las normas sobre propaganda política y electoral o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

El próximo año los mexiquenses elegiremos 75 diputados a la Legislatura del Estado y 125 ayuntamientos compuestos por 1,612 ediles (presidentes municipales, síndicos y regidores). Participarán 10 partidos políticos nacionales y probablemente un partido político local que podría obtener su registro en diciembre.

La lista nominal de nuestra entidad es la más grande a nivel nacional y alcanza los 10 millones 653,152 ciudadanos que podrán votar el 7 de junio. Nuestro territorio tiene 6,430 secciones electorales en las que se prevé instalar 18,494 casillas que a partir de esta elección compartirán la recepción de la votación para las elecciones federal y local. El reto de comunicación política para autoridades y partidos es superar el 64.7% de participación ciudadana que registramos en 2012 o el 52.2% de 2009, la última elección intermedia.

Una situación que no depende directamente de los organismos públicos electorales locales pero que sin duda repercutirá en la administración electoral, es hacer realidad la paridad de género en las candidaturas, cuyo cauce natural corresponde a los partidos políticos y que será clave de medición de la democracia en los ámbitos locales. Este escenario demandará principalmente a los OPLES emprender un activismo de comunicación institucional a partir de las solicitudes de registro de candidaturas así como en el despliegue de las propias campañas electorales sujetando a los partidos para concretarlo con mayor intensidad en los medios.

Los montos aproximados de financiamiento público que se distribuirán ascienden a 466 millones 128,254 pesos para actividades ordinarias y 139 millones 838,596 pesos para la obtención del voto en las campañas electorales. A dichas cantidades hay que sumar los ingresos provenientes del financiamiento privado, además de los recursos que se entreguen a los candidatos independientes, por lo que el nuevo sistema nacional de fiscalización se estrenará en un año en el que tendrá que auditar una cifra que rondará los mil millones de pesos tan solo en nuestra entidad.

Hay que realizar una acotación. Tanto el legislador federal como el local omitieron prever la fórmula del cálculo del financiamiento público para la organización de los procesos internos de selección de candidatos (precampañas). En este particular, el Consejo General del INE y el del IEEM deberán realizar una labor integradora del derecho en el que con argumentos que privilegien la equidad en la contienda electoral se colme la laguna del legislador.