Ante el espejo

Patrimonio público transparente

Transparentar las acciones de las autoridades en un contexto democrático es una tarea inmejorable, pues permite afianzar la gobernabilidad y establecer el grado de legitimidad sobre la visión de los objetivos propuestos según el modelo planteado con las reformas constitucionales de 2013 y 2014.

Aquella que está llamando la atención y por ahora será comentada es la reforma en materia energética. Para consolidar su nuevo régimen jurídico, el Ejecutivo Federal promulgó el año pasado nueve leyes nuevas y publicó 12 modificadas, augurando que sus efectos mejorarían la economía, aumentaría la inversión, los empleos y, en general, elevarían la calidad de vida de los mexicanos.

La reforma previó la eliminación del monopolio del Estado sobre la extracción y producción de hidrocarburos, incorporando otras modalidades de contratación como los contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, así como de licencia; esto con el objetivo de efectuar, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares.

El diseño en las modalidades de concesiones y contrataciones ha tenido el propósito de asegurar la mayor participación posible en las ganancias del negocio de los hidrocarburos; no obstante, la economía del país hasta 2012 gozaba de mayor estabilidad, gracias al apoyo financiero de su principal recurso patrimonial: el petróleo, debido a que sus entradas representaban casi 40 por ciento de los ingresos del Estado.

Para 2015, las cláusulas que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ofrece, pugnan por una mejor cultura de transparencia y apertura gubernamental sobre el manejo de los recursos patrimoniales. El tema del petróleo en la economía nacional recobra mayor interés social, pues ahora ya no será la fuente principal de la economía nacional, por tanto, vale conocer la suerte que tendrá su manejo en los procesos contractuales que están en marcha, desde el diseño del contrato, el proceso licitatorio, la operación y la administración de los ingresos.

Para tranquilidad de la sociedad, el cumplimiento efectivo del sistema de rendición de cuentas por parte de los organismos reguladores en la administración del más afamado recurso patrimonial del Estado Mexicano, debe mantener una actuación transparente en cómo se aprovechan los recursos nacionales, ofreciendo una evaluación constante sobre la conducción de políticas públicas principalmente a nivel de ingresos, sin olvidar los compromisos con el desarrollo sustentable que también juega un papel fundamental.

No obstante, la sociedad también debe reconocer que la estabilidad económica de los países no solo depende del aprovechamiento de sus recursos naturales como el petróleo, sino que estos sustentan su economía y su desarrollo en múltiples ramas de la producción. En este contexto, el desempeño de directivos, administradores e integrantes de órganos de vigilancia se asume como un trabajo técnico, especializado y efectivamente profesional cuya labor amerita someterse al escrutinio público y publicidad proactiva que genere confianza en el pronóstico del resultado anunciado en diciembre de 2013.