Ante el espejo

Modernidad y vanguardia, destino del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad jurisdiccional del país, sus funciones son: salvaguardar los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proteger el equilibrio entre los diversos poderes y ámbitos de gobierno, es decir, es el centinela de la Carta Magna para mantener el estado constitucional democrático de derecho. Funciona en pleno para conocer sobre los medios de control constitucional (controversias y acciones de inconstitucionalidad, etc.) en dos salas: la primera para asuntos civiles y penales. La segunda, los administrativos y laborales.

Se integra de once ministros que durarán en su encargo quince años. Propuestas de Ernesto Zedillo fueron: Juan N. Silva Meza, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas; de Vicente Fox: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, y el finado Sergio Armando Valls Hernández, a cuya fecha no existe nombramiento alguno de la vacante; de Felipe Calderón: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Gelacio Pérez Dayán.

Con la nueva Presidencia del Máximo Tribunal Judicial del país, a cargo del Ministro Luis María Aguilar Morales, que inició el 2 de enero de este año y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2018, en este momento de renovadas esperanzas institucionales es oportuno subrayar el reto presente y porvenir que el trabajo jurisdiccional demanda en el marco de la teoría constitucional contemporánea que, dicho sea de paso, está guiada por la exigencia histórica de colocarnos en el diálogo internacional y debe mantener firme la construcción del nuevo Derecho Mexicano.

Las obligaciones del Estado Mexicano en el artículo 1 Constitucional autorizan a referirnos a un bloque de derechos humanos constitucionalizados, y a exponer que la tutela de su fuente internacional bajo el criterio hermenéutico de interpretación conforme a la norma más favorable, debe adaptarse al principio pro persona en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin dejar de lado que el principio de universalidad no solo permite, sino exige, una interpretación de derechos fundamentales abierta a la comparación jurídica.

La transformación de la "cultura jurídica" también debe transitar de lo "políticamente correcto" a mejorar la calidad, la aptitud, y actitud de los miembros del Poder Judicial frente a los litigantes y justiciables, para ello, quien dirige a la Suprema Corte si bien tiene como deber proteger la independencia e imparcialidad de sus miembros, también debe elevar la calidad de sus sentencias para convertirse en un verdadero tribunal constitucional y no meramente de casación.

Con esta guía de compromisos, la renovada Presidencia debe continuar su operación para alcanzar los fines constitucionales de las últimas reformas, como desarrollo económico, bienestar y paz social, bajo un sistema de precedentes que darán solidez y coherencia interpretativa a la norma constitucional, cuyo proceso de mutación seguramente se desenvolverá con retos estructurales en los cuatro años de ese mandato y que, indudablemente, pedirá mayor colaboración de los Poderes Ejecutivo y el Congreso de la Unión para el gobierno del país.

Es tiempo de que el servicio público en la administración de justicia sea dirigido por un Poder Judicial independiente más que por la opinión pública que lo ubica como un Poder constitucional subordinado al Poder político, y evite en lo posible que a los miembros de los órganos jurisdiccionales se les reproche como responsables de la insatisfacción ciudadana, originando un nuevo sistema judicial moderno y vanguardista.