Ante el espejo

Gobierno abierto

El 24 de septiembre México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en el marco de la gira que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto por los Estados Unidos de América. El acto resulta en sí mismo novedoso pues motiva el dimensionamiento que la información, publicidad, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas tienen a nivel global, justo cuando venimos de reformar el andamiaje normativo que regula la protección y el ejercicio de estos derechos.

Hasta ahora las bases de datos y las páginas de internet son los elementos más básicos de nuestra concepción de información pública. Precisamente en la esencia de los 26 compromisos incluidos en el plan de acción presentado por México se busca no solo hacer pública más información sobre procesos y servicios, sino facilitar su utilización estratégica de modo que produzca cambios concretos en la calidad de vida de los mexicanos y se convierta en un instrumento de mejoramiento de las condiciones de las personas.

Es cierto que en los últimos años hubo resultados alentadores. En el Índice de Presupuesto Abierto 2012, México obtuvo una calificación de 61 de 100 puntos posibles, lo que significa que existe suficiente información publicada sobre las finanzas del gobierno federal. Aunque logramos avanzar nueve puntos respecto a 2011, todavía nos encontramos muy rezagados de los primeros lugares que son Nueva Zelanda, Sudáfrica y Reino Unido con 93, 90 y 88 puntos respectivamente, o Brasil, país latinoamericano mejor calificado, con 73.

Precisamente, entre los compromisos pactados por México al asumir la presidencia de la AGA se encuentra aumentar la integridad pública, lo que implica profundizar la información socialmente útil y el combate a la corrupción. Sobre esta última, la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 del INEGI, la ubicó en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos con 48.5%, detrás de la inseguridad y delincuencia que alcanzó 70.4% y el desempleo que registró 51%. Según la ENCIG, la tasa de prevalencia de la corrupción, es decir, la proporción de la población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción fue de 12.1%, mientras que la incidencia por cada 100 mil habitantes fue de 24,724.

No obstante, para potenciar el derecho de acceso a la información hace falta más que una sociedad participativa, se requiere también el compromiso de los órganos que salvaguardan su ejercicio. En este particular, nuestra entidad no se encuentra bien calificada. Según el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información 2013, el Estado de México se ubicó en el lugar 30, con una calificación de tan solo 39.2%, por debajo del promedio general de 53.6%.

Los dos años que México permanecerá en la presidencia de la AGA deberán propiciar la consolidación del sistema nacional de transparencia e impulsar iniciativas de Poderes legislativos y judiciales abiertos.