Ante el espejo

Fe pública: función del estado

El día del Notariado Latino se recuerda cada año el 2 de octubre, en homenaje al primer encuentro internacional que Argentina realizara en Buenos Aires en 1948, con la idea de reunir a los notarios de distintos países de legislación similar.

Como función del Estado la actuación notarial sigue adquiriendo mayor relevancia en función de la dinámica y progreso normativo según lo demande el contexto social, económico y mercantil de la comunidad para dotar de certeza y seguridad jurídica los actos privados.

La actuación notarial tiene su antecedente a partir del siglo VI de nuestra era, la regulación positiva de notariado se atribuye a Justiniano quien por primera vez en su compilación y legislación conocida como corpus iuris civilis dedica a regular la actividad del notario, entonces llamado tabellio, estableciendo las bases del protocolo y otorgando carácter fidedigno con pleno valor probatorio al documento redactado por éste. El antecedente prehispánico del notariado es el Tlacuilo, quien pintaba los códices y murales en Mesoamérica dando fe de actividades estatales.

El Estado dotado de imperio inviste de fe pública a un profesional del Derecho al que nombra notario, como delegado del Estado su actividad trasciende en el orden jurídico haciendo factible la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales, como son testamentos, poderes, constitución de sociedades, así como de aquellos cuyo objeto sean inmuebles, como por ejemplo, compraventas, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones por herencia.

Además da fe de hechos como notificaciones, requerimientos, existencia y capacidad de las personas, reconocimiento de firmas y protocolizaciones de actas, se involucra en el patrocinio o representación de personas en procedimientos judiciales no contenciosos o en trámites y procedimientos administrativos. En suma el derecho notarial reglamenta asuntos de verdadero interés público cuya pretensión atañe a las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

El notario ejerce su función con independencia del poder público y los particulares, teniendo a su cargo el recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de los comparecientes y plasmar ésta en un instrumento público y auténtico. El notario conserva y reproduce el instrumento, brindando así seguridad y tranquilidad a la sociedad a la que sirve. También auxilia a las autoridades locales y federales en el cálculo y cobro de impuestos y derechos; y vigila que se cumpla con el procedimiento registral necesario para que se publiciten los actos que ante él se otorgan.

De esta manera, los sujetos de derecho somos libres para decidir qué producir, comerciar o qué servicios prestar, qué trabajo realizar o cómo disponer de nuestro patrimonio; no obstante, el ordenamiento jurídico establece limitaciones de los derechos y el orden e interés público es el fundamento que las justifica. La función notarial como función pública debe ser una garantía para que la colectividad pueda ejercer sus derechos derivados de una operación o pueda disfrutar libremente de sus bienes, cumpliendo el mandato constitucional de la seguridad jurídica.