Ante el espejo

Evocación al federalismo electoral

En la jornada electoral celebrada el pasado 7 de junio, dos partidos políticos nacionales no obtuvieron tres por ciento de la votación válida emitida, el cual es requisito para la conservación del registro. Como consecuencia de ello, el Partido del Trabajo, fundado en 1990 y el Partido Humanista, que apenas logró la acreditación el año pasado, entraron a la fase de prevención dentro del proceso de liquidación del patrimonio que obtuvieron con financiamiento preponderantemente público.

La liquidación de los partidos políticos, especie de la fiscalización, fue radicalmente transformada por la Reforma Electoral. Así, corresponde a la Comisión de Fiscalización del INE la emisión de los actos que regulan la observancia de las normas en materia de liquidación que se disponen en la Ley General de Partidos Políticos, entre los que se encuentra el acuerdo CF/055/2015, que como muchos otros del órgano nacional no soportó el análisis de constitucionalidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recientemente esa instancia jurisdiccional resolvió sendos recursos de apelación interpuestos por los partidos del Trabajo y Humanista, quienes tildaron de inconstitucional el referido acuerdo en el que se ordenó la apertura de cuentas únicas en las que debían depositarse las ministraciones de las prerrogativas que corresponden a dichas fuerzas políticas a nivel local. La decisión de los magistrados de la Sala Superior no es menor si se tiene en cuenta que devuelve un poco del federalismo electoral que la reforma desvaneció.

Ambas resoluciones reconocen la existencia de regímenes diversos de financiamiento público para los partidos político: uno de los nacionales, que tienen derecho a recibir financiamiento del INE y los OPLES, y otro de los estatales, que solo lo reciben de los últimos. Consecuencia de ello es que la autoridad jurisdiccional establezca que el patrimonio adquirido por los partidos políticos nacionales con recursos del erario estatal constituye uno específico y diverso al adquirido con el financiamiento otorgado por el INE, de ahí que puedan tener 33 patrimonios, es decir, 31 de los estados, uno del Distrito Federal y uno del financiamiento público federal.

La determinación se basa en la teoría civilista del patrimonio afectación que tuvo su origen en la doctrina alemana y que relaciona a los bienes, derechos y obligaciones con el fin jurídico económico para el que están destinados. Más allá de ello, la Sala Superior determinó que la apertura de la cuenta única representa una intromisión indebida del INE en la esfera de las entidades federativas, pues la atribución de fiscalizar debe realizarla a partir del origen que tienen los recursos en relación con el órgano que los otorga.

Con lo anterior, la máxima autoridad electoral del país esbozó con claridad los dos ámbitos que el andamiaje electoral conserva, que si bien ahora obedecen a las directrices de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, aún contienen reminiscencias del federalismo electoral que es fuente de la fortaleza del sistema político nacional.