Atrevimientos

Una buena noticia: el nuevo sistema de justicia penal

La noche del viernes pasado, en el Altar a la Patria del Bosque de Chapultepec, con una impactante ceremonia que terminó después de media noche, se dio formal inicio al nuevo sistema de justicia penal que prevalece en nuestro país. Estuvieron presentes los representantes de los poderes públicos, altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores de los estados, senadores y diputados, así como funcionarios del sistema de impartición de justicia, académicos, policías, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos en general.

El asunto no es menor. Resulta de más de ocho años de trabajo en que los gobiernos federal y estatales implementaron cambios constitucionales y legales, modificaron la organización de las instituciones judiciales, construyeron instalaciones, capacitaron y certificaron a abogados, jueces, ministerios públicos y policías, para poder hacer realidad esta vieja aspiración de contar con mecanismos más modernos de impartición de justicia en el ramo penal.

Todo comenzó en 2008, cuando se aprobó un conjunto de cambios a la Constitución que mandataron la modificación del sistema de justicia penal; se estableció el 18 de junio de 2016 para la entrada en vigor de los cambios. Entre las razones de la reforma están la ineficacia y pérdida de legitimidad del viejo sistema, que se reveló incapaz para combatir el crimen, evitar la impunidad y promover la justicia en el ámbito penal en un marco de respeto a los derechos humanos y de correcta aplicación de la ley. Además, desde hace varios años México ya venía viviendo un proceso de modernización jurídica, entre lo que se incluye la suscripción de tratados internacionales muy importantes, por ejemplo, en materia del respeto a los derechos humanos.

Para decirlo en pocas palabras, era urgente impulsar una transformación radical porque en México no resulta claro que la inmensa mayoría de los que están en la cárcel llegaron allí por razones fundadas, con evidencias claras y como resultado de procesos correctamente llevados a cabo. Por ejemplo, en distintos documentos se afirma que el 92 por ciento de las acusaciones se hacen sin evidencia física suficiente, el 41 por ciento de los presos son víctima de tortura, y el 93 por ciento de los acusados no tiene oportunidad de ver al juez. Más allá de cuestionar si estas cifras son precisas, cualquiera que haya tomado parte en un proceso judicial sabe que muchas veces (¿casi todas?) es necesario entregar dinero a los funcionarios para que los juicios se lleven a cabo de manera un poco más expedita y correcta.

¿En qué consiste la reforma? Son muchos los elementos de la misma y no podría dar cuenta de toda la complejidad que entraña. Sin embargo, quiero resaltar algunos aspectos cruciales, los cuales se resumen en contar con procesos correctos de investigación legal que desembocarán en juicios con evidencias de prueba suficientes, públicos y de carácter oral, en los cuales los acusadores y acusados (llamados imputados) serán escuchados debidamente por los jueces, quienes deberán emitir el juicio correspondiente de manera inmediata examinando las evidencias a la luz de todos los involucrados y explicando las razones consideradas para el caso.

Además, las partes en disputa estarán en similares condiciones para esgrimir sus puntos de vista, es decir, los ministerios públicos estarán en igualdad de circunstancias que la parte acusada y a ésta se le considerará inocente mientras no se demuestre lo contrario. Los jueces no podrán delegar su quehacer en sus secretarios y todo el juicio deberá hacerse de manera continua y expedita. Con ello, se quedarán atrás los juicios largos. Otro rasgo importante es que los juicios se filmarán, de manera que, presumiblemente, resultará mucho más difícil que ocurran actos de corrupción.

Los cambios apuntan en la dirección correcta y buscan poner a México a tono con la evolución del derecho internacional y la consolidación del estado de derecho, aspecto que sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes que tenemos. Sin embargo, estos cambios en el sistema de justicia penal aún atraviesan  por una etapa inicial e incipiente. En otras palabras, a pesar de que van varios años de trabajo, apenas estamos comenzando y está por verse que se alcance el éxito que se promete.

Entre los retos que tenemos está la necesidad de capacitar a cientos de miles de policías y contar con jueces y funcionarios preparados para actuar con sentido de responsabilidad, eficiencia y eficacia, además de que todavía es necesario construir muchas salas especializadas en diversos estados del país. Y un punto clave que no puede faltar: la importancia de que los ciudadanos se familiaricen con el significado de la reforma y lo que implica en materia de los derechos que ahora tienen para contar con una mejor justicia. A esta labor deberemos abonar todos. Con todo y las dudas que provoca la reforma, es una buena noticia.