Atrevimientos

La libre convivencia y la lucha de las contraculturas

En las últimas semanas ha venido cobrando fuerza la iniciativa de ley sobre la libre convivencia presentada por el diputado perredista Enrique Velázquez González, quien ha impulsado un debate que hacía falta en Jalisco y que en el futuro puede dar pie a que la opinión pública discuta con mayor profundidad otros temas relacionados con la ampliación de libertades.

La iniciativa propone reconocer legalmente un nuevo estado civil, la llamada libre convivencia entre personas que comparten un hogar, sean o no del mismo sexo, y que pueden tener derechos y obligaciones comunes.

Pensemos, por ejemplo, en dos o más hermanas que viven en la misma casa, una trabaja y las otras se responsabilizan de las tareas del hogar, de manera que la primera tiene prestaciones sociales y puede brindarles a las demás los beneficios que se derivan de esa situación. O también se les pueden reconocer derechos hereditarios sobre los bienes que posean, o derechos pensionarios.

Se trata, pues, de un instrumento que ayuda a que más personas, y no sólo las que viven en una familia tradicional, tengan certeza jurídica sobre las condiciones que se implican en su vínculo de cooperación y afecto.

También puede darse la circunstancia de que dos personas homosexuales que vivan juntas se beneficien con este mecanismo jurídico. La ley sería un paso adelante en el reconocimiento de sus derechos. Un paso inicial, solamente, porque la iniciativa propuesta no considera la posibilidad de la adopción y tampoco establece el matrimonio homosexual.

Para Jalisco, este proyecto es una innovación, aunque bien mirado es un intento de comenzar a ponernos al día en la legislación sobre este ámbito de la vida social. Recordemos que en el Distrito Federal las sociedades de convivencia se reconocieron legalmente desde 2006; allá es posible el matrimonio homosexual y la correspondiente adopción de hijos.

Como era de esperarse, la propuesta ha encontrado obstáculos políticos e ideológicos entre las fuerzas representadas en el Congreso del Estado, y también en la esfera cultural y religiosa. Hasta ahora, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano han negado su apoyo al proyecto. Por su parte, el priismo no se ha lanzado en bloque a darle su aprobación, pero sí lo han hecho varios diputados de sus filas; otros integrantes del Revolucionario Institucional aún están meditando su voto y es probable que muchos le darán su respaldo al PRD.

Las fuerzas políticas actúan con cautela porque anteponen el cálculo electoral a los principios ideológicos. Tratándose de Jalisco, donde el catolicismo tiene sentados sus reales, es lógico que los partidos teman represalias del electorado en los próximos comicios. De cualquier modo, es positivo que el Congreso se muestre dinámico y que sus diputados asuman posiciones contrapuestas. En todo caso, a pesar de sus limitaciones, la iniciativa implica un movimiento hacia la modernización jurídico-cultural de Jalisco. Esto por dos razones.

En primer lugar, porque reconoce que la familia tradicional, conformada por un padre, una madre e hijos de ambos, no es la única configuración familiar existente, sino una entre otras que han ido surgiendo conforme los estilos de vida se han diversificado. Según información dada a conocer por quienes proponen la iniciativa, hoy el diez por ciento de los tapatíos vive en unión libre, una cuarta parte de los hogares son dirigidos por una mujer, y 40 por ciento de las mujeres tienen a su hijo en soltería o en unión libre.

La segunda razón tiene que ver con el hecho de que la ley, en caso de aprobarse, significará un avance, pequeño pero al fin avance, en la ampliación de derechos que demandan los sectores homosexuales de la sociedad, y eso, a su vez, forma parte de la agenda de todos aquellos que luchan, soterrada o abiertamente, por impulsar las contraculturas en Jalisco. Es una nueva oportunidad para la expresión de la rebeldía moral. Lo que pasa es que el afán de diferencia es frecuentemente abominado por los sectores que promueven la vida tribal, única fórmula de convivencia que les brinda seguridad emocional.

Si los diputados y líderes que combaten la iniciativa analizaran la realidad en vez de escandalizarse moralmente o calcular el mercado de votos, se darían cuenta de que no perderán tantos votos como creen y que a Jalisco no le va a pasar nada si la ley reconoce algo que en los hechos ya existe. Creo que si se aprueba la ley de libre convivencia no habrá mayor desintegración social ni más violencia de la que ya hay, y que tampoco se alterarán los resultados electorales de forma espectacular.

El gobernador Sandoval, en sus declaraciones sobre el tema, ha demostrado poseer una sensibilidad que permite augurar que, si de él dependiera, no habría objeción para que la ley sea aprobada. Esperemos que quienes dirigen las otras fuerzas políticas estén a la altura de las circunstancias y que los diputados voten de acuerdo con su consciencia.