Atrevimientos

López Obrador y el "huachicol"

Según el Diccionario de Mexicanismos de Santamaría, el origen de la palabra huachicol podría proceder del vocablo maya huach, que significa de fuera, forastero; especulo que se combinó con la terminación col, para denotar una bebida alcohólica adulterada, impura, a la que se hace pasar por lo que no es.

En su artículo de ayer, en El Informador, Luis Ernesto Salomón escribió: “‘Se vende **huachicol’, decía el anuncio de cartón colocado en la ventana de una vieja casa al lado de la carretera que conducía a Tequila. Sobre una banca de madera estaban colocadas botellas de medio litro y un litro tapadas con corchos. Se podía ver entonces, hace 40 años, con cierta naturalidad cómo estas bebidas hechas de alcohol de caña se vendían a plena luz del día”.

Dos días antes había aparecido en Wikipedia la entrada huachicol: “El huachicol es una bebida alcohólica adulterada con alcohol de caña. Es por eso que esta palabra también es utilizada para nombrar al combustible (gasolina o diésel) adulterado o robado en México. A la persona que se dedica a la actividad ilícita de robar combustible en México es conocida como huachicolero”.

El artículo de Salomón y la entrada en Wikipedia son intentos para comprender el fenómeno del que los mexicanos hablamos cada vez más, sobre todo por lo que está pasando en el estado de Puebla, en la zona conocida como el Triángulo Rojo, que abarca, entre otras, las poblaciones de Tepeaca, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Palmarito Tochapan. Esa región es la más “pujante” de esta floreciente actividad ilícita. Allí se cumple con creces la metamorfosis del huachicol que describe también Luis Ernesto Salomón:

“Los huachicoleros se convirtieron en huachileros, dejaron la elaboración de bebidas y se transformaron en perforadores de ductos y distribuidores de artículos ilegales. El valor de las ventas se ha multiplicado y las zonas en donde operan se han extendido por amplias regiones del país, desde las zonas petroleras hasta las regiones industriales a donde conducen los ductos petroleros. Los parroquianos ya no son los clientes sino los consumidores de combustibles y las redes de los mercados populares”.

El miércoles pasado ocurrió un enfrentamiento entre habitantes de Palmarito y efectivos del Ejército Mexicano; murieron diez personas, seis civiles y cuatro militares. Según la información que corre, los huachicoleros utilizaron niños y mujeres como escudos. Al día siguiente, pobladores del lugar bloquearon la carretera Puebla-Orizaba para evitar la llegada de personal militar y policiaco a la zona. Como respuesta, el Gobierno anunció el inminente despliegue de un contingente de 2 mil quinientos efectivos, entre soldados y policías, además de helicópteros y vehículos artillados. En Palmarito, los pobladores colocaron mantas y cartulinas con leyendas de rechazo al Gobierno y la presencia de soldados.

Pocas horas después del anuncio gubernamental, de campaña en Chilpancingo, López Obrador criticó la medida y pidió que en vez de llevar soldados se busque un “acuerdo general”. Planteó “llamar a todo el pueblo a la paz, a todo el pueblo de México, para que no haya enfrentamiento entre hermanos, porque los soldados son pueblo uniformado. No hay que usar la fuerza, hay que hacer una convocatoria a la unidad, a la paz, que no se esté azuzando porque duele mucho que asesinen a soldados, pero también duele que asesinen a civiles”. Y remató así: “Al triunfo de Morena, se va a acabar con la guerra, se va a serenar a México”.

No es posible desoír las palabras de López Obrador. ¿Quién podría objetar un llamamiento a la paz? El problema es que el robo de combustibles está fuera de control y se presenta en la mayoría del territorio nacional (Jalisco incluido). Son decenas de miles las tomas clandestinas y las pérdidas ascienden casi a 160 mil millones de pesos. En este mercado participan, aparte de los directamente implicados, gasolineros y empleados de Pemex. Como se dejó crecer el problema, revertirlo implica derrotar poderosos intereses que se atrincheran en la violencia. Además, las bandas han penetrado el tejido social de las comunidades.

¿Cómo se pacifica una sociedad atravesada por la polarización económica, la corrupción, la desobediencia, y el enfrentamiento de intereses en todos los niveles y en todas las esferas? En mi opinión, proponerse un nuevo acuerdo general es correcto. Sólo basta saber si el Gobierno, o alguien más, tiene la autoridad moral y el reconocimiento, los recursos legales y las capacidades institucionales suficientes, como para convocar a dicho acuerdo de manera que pueda realizarse. El problema real, no es sólo someter al orden a las bandas criminales, sino reconstruir el tejido social y económico, lo que incluye también la reconstrucción institucional y moral del Estado mexicano. Prometerlo como lo hace Andrés Manuel es fácil. Lo difícil es hacerlo sin convertirse, al mismo tiempo, en un huachicolero. Habrá que ver.