Atrevimientos

El engaño de la democracia (primera parte)

Millones de puños gritan su cólera por los aires

Pedro Garfias


A partir de los años ochenta el cambio político en México se centró en la construcción de la democracia electoral. Se creía que la competencia entre partidos nos traería mejores gobiernos y políticas públicas más adecuadas. El mercado de votos premiaría los buenos desempeños gubernamentales. Con ello la élite del poder tendría incentivos para representar genuinamente los intereses de los ciudadanos y se producirían beneficios que caerían en cascada hacia la vida social: crecimiento económico, promoción del desarrollo y generalización del bienestar.

Se pensaba que el PRI había perdido su antiguo apoyo de masas porque los gobiernos surgidos de sus filas no rendían cuentas. Las crisis económicas recurrentes, que lastimaban a las clases medias y sumían en la miseria al grueso de la población, eran la expresión dramática del despotismo presidencial. Los quebrantos de la hacienda pública y el estancamiento de la economía se interpretaban como los costos de tener una burocracia gubernamental y sindical enquistada, y como los efectos de un estado obeso, ineficiente y parasitario, que asfixiaba a la sociedad civil y anulaba sus capacidades productivas. Estas ideas tenían mucho de razón, pero no agotan el análisis.

Para los políticos y las clases dominantes, la “transición democrática” fue un fetiche útil; para el resto de la gente, un engaño. No se consideraron otros aspectos que también son importantes para organizar una sociedad con un mínimo de justicia, orden, cohesión nacional y participación cívica. Se dedicó más energía a destruir lo poco que nos quedaba --el compromiso histórico con los ideales de la Revolución-- y menos entrega a construir lo que necesitábamos: un estado moderno, eficaz y eficiente, garante del imperio de la ley y la justicia social sin ser demagógico, y orientado a regir de manera institucional los factores que impulsan la creación de riqueza y prosperidad.

Durante décadas, el fraude electoral contribuyó a la estabilidad de la clase gobernante. Nuestro régimen era semi-autoritario porque no era una dictadura abierta, pero tampoco ofrecía libertades políticas reales: imperaba un solo partido que permitía el cambio de personas en los cargos públicos, toleraba con límites la protesta y la crítica, y hasta cierto punto respondía a las necesidades sociales.

Era posible atender demandas colectivas porque la economía crecía con altas tasas, y muchos productos y servicios mexicanos no competían con los del exterior. El estado tenía el dominio sobre los recursos estratégicos de la nación y regulaba algunas variables que incidían en el bienestar de las masas: control de precios, aranceles, paridades cambiarias, subsidios, incentivos y apoyos a productores nacionales, empleos...

En suma, existía un sector público que se responsabilizaba de la vida económica nacional en dos aspectos esenciales: garantizar a los grandes empresarios la rentabilidad de sus negocios y darle a las clases medias y las masas un mínimo de bienestar.

El antiguo régimen siempre tuvo fracturas. El fraude electoral, o incluso la prohibición de participar en las elecciones, cerraba la puerta a las alternativas de izquierda, que en aquellos años se inspiraba en los regímenes comunistas, y también a las opciones de derecha, cuyas expresiones más lúcidas pretendían una democracia política de corte maderista. Había sectores descontentos que de cuando en cuando se manifestaban y mostraban las contradicciones del sistema: ferrocarrileros, electricistas, médicos, estudiantes, normalistas y campesinos. Algunos de estos grupos abanderaban opciones radicales.

¿Por qué, entonces, si había grupos descontentos que podían radicalizarse, las élites políticas y económicas aceptaron renunciar al fraude electoral sistemático y dieron paso al mercado de votos? Por la presión de millones de electores hartos de los gobiernos del PRI, pero también porque en el camino descubrieron que la democracia les permitiría desmontar al estado legado por la Revolución sin perder su capacidad de dominación ni su situación material de privilegio. Comprendieron que la democracia electoral en la práctica no representa a las mayorías sino a los partidos y sus dirigentes.

Para finales del siglo veinte, el estado había terminado de dilapidar la poca autonomía que le quedaba frente a los grandes empresarios y dueños del capital, locales y extranjeros. Muchos años antes había dejado de respaldar sus funciones económicas y sociales con una política de masas. Jamás recurriría de nuevo a esa estrategia. Se debilitó a su propio riesgo porque al alejarse de la gente renunció a la posibilidad de construir una democracia más profunda, defensora de los derechos colectivos y de las conquistas de la Revolución. Hoy estamos pagando las consecuencias.