Atrevimientos

La descomposición de México (segunda parte)

Aunque las cosas comenzaron a estar mal desde los años sesenta y setenta, hubo dos periodos en los que las élites tuvieron oportunidades de dar el golpe de timón que México necesitaba. Las dejaron escapar. El primero se presentó entre 1988 y 2000. En ese lapso, a pesar de que enfrentó una severa pérdida de legitimidad y una fuerte protesta social, el gobierno tuvo la fuerza para impulsar cambios profundos: vendió la mayoría de las empresas del estado, abrió las fronteras al comercio internacional y al flujo de capitales, firmó el Tratado de Libre Comercio, liberalizó los ejidos, mantuvo bajos los salarios, liberó los precios de muchas mercancías, y permitió, poco a poco, la llegada de la democracia electoral.

Los propósitos de estos cambios eran sanear las finanzas del estado, mantener contentos a ciertos sectores empresariales y ser aquiescentes con el capital internacional ofreciéndoles oportunidades para invertir. Probablemente se impuso la idea de que bastaba con eliminar el proteccionismo y las regulaciones para que surgiera un vigoroso capitalismo nacional. No fue así porque para construir una economía sólida hacen falta muchas cosas: sobre todo, instituciones y reglas que incentiven las inversiones y el trabajo; también se requiere garantizar la seguridad legal y la competencia leal; son indispensables la infraestructura, los créditos, las facilidades a las empresas y, desde luego, los buenos salarios.

La privatización de empresas del estado no fue transparente, favoreció intereses monopólicos y propició prácticas de corrupción que siguen presentes. Los sindicatos corruptos tampoco cambiaron. Los precios del petróleo permitieron mantener a flote el barco mexicano, pero la economía mexicana no creció en la proporción ni con la consistencia suficiente para elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Las soluciones de fondo siguen pendientes: volver más productivas las empresas y hacerlas capaces de generar mayor riqueza, elevar los ingresos de los trabajadores y con ello dinamizar los mercados internos, recaudar mayores ingresos para establecer un verdadero estado social que garantizara los derechos sociales de los mexicanos. A pesar de que ha mantenido a raya la protesta de los sectores sociales medios y bajos, sobre todo en coyunturas post-electorales, el estado mexicano no ha podido disciplinar al sector empresarial; de allí su impotencia para aplicar una reforma fiscal que grave más a las grandes empresas. Las élites económicas jamás han entendido que un estado fiscalmente fuerte, a la larga, contribuye a forjar un capitalismo más sano y una sociedad mejor integrada.

La segunda oportunidad de las élites fue entre 2000 y 2006, a la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Su victoria fue clara, pero no pudo, ni quiso, convertir el apoyo popular en una fuerza política que le permitiera reformar las instituciones del estado, establecer reglas e incentivos para la productividad, y aplicar políticas que mejoraran todo lo que está alrededor de ello: la educación, la infraestructura, el aprovechamiento social de la riqueza energética, la modernización de aquellas empresas que deben ser del estado; a esto se debe agregar el desmantelamiento de los monopolios y los privilegios de una cuantas empresas. En una palabra: la democracia de Fox fue un régimen legítimo pero ineficaz, sin resultados, pues no acometió la agenda de cambios necesarios.

Cuando llegó 2006 el daño estaba hecho. La mitad de los mexicanos quería un cambio que se hiciera cargo del atraso social y las desigualdades, pero el candidato que impulsaba esa agenda no tuvo la fuerza, o la maña, o la humildad, suficiente para ganar. Así, Calderón tomó el poder con un país dividido y con una clase política perdida en su afán de medrar con las incapacidades de un ejecutivo débil. A la par de todo esto, fue surgiendo un nuevo poder fáctico que ahora amenaza con penetrarlo todo: la delincuencia organizada. Hoy, el crimen organizado se está mimetizando con los aparatos policiales y ya fractura las instituciones coercitivas y legales del estado en muchos sitios. Tanto, que ya no existe el monopolio de la fuerza aplicable en todo el territorio nacional.

Padecemos una economía extractiva: se utilizan la fuerza y la violencia para despojar a las personas del producto de su trabajo; las mafias dedicadas al secuestro, la extorsión y el robo son un ejemplo de capitalismo irracional. La cereza del pastel es el caso de Iguala, la asociación entre autoridades y bandas criminales. Esto se combina con los privilegios de los grandes monopolios empresariales y forma un coctel que es todo menos un capitalismo democrático y de empresas que compiten sanamente. Tenemos un estado fragmentado y atenazado por las mafias criminales, un capitalismo irracional y de privilegios, una sociedad desigual, sin educación y pobre, un territorio sin legalidad. Es la descomposición de México.

 

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