Atrevimientos

El conflicto es el camino de México

Durante muchos años los acontecimientos de Guerrero serán el principal agravio social que llevará a cuestas el estado mexicano. Iguala es más grave que Tlatelolco. Esta vez el mal ha penetrado más hondo en las estructuras y las instituciones del país. Aposentado en el sistema político y la economía, el narcotráfico da poder a grupos que desafían cualquier tipo de autoridad y ámbito de aplicación de la ley.

Al enfermar a las clases dominantes el narcotráfico ha dado origen a la narcopolítica, con ello se han carcomido los fundamentos del estado y México se ha convertido en un territorio insurrecto y caótico: alzado en armas, atravesado por antagonismos sin fin, carente de estrategia de gobierno creíble, y ajeno a un propósito político nacional. Hay violencia destructiva, pero ninguna perspectiva de reconstrucción o promesa de reconciliación.

El narcotráfico no es algo separado del resto de nuestros problemas: encubre y muestra una realidad de pobreza y desigualdad, descomposición política, crisis cultural y agotamiento de nuestro modelo económico. Éste es el suelo que lo incubó y del que se nutre todos los días.

El gobierno ya no puede obligar a la obediencia porque su erosionada autoridad no le alcanza para proteger los derechos legales de los ciudadanos. Estos viven bajo una especie de estado de excepción constante: la posibilidad de ser desaparecido, torturado y asesinado en cualquier momento sin que nadie pueda impedirlo. Por eso, el agravio y la desesperanza llegaron para quedarse a menos que el gobierno federal y los gobiernos locales logren lo que parece muy difícil: una reforma de estado que redefina la política económica, social y cultural, y refunde las instituciones.

Tlatelolco demostró que el sistema político legado por la Revolución de 1910 había alcanzado un límite en cuanto a su capacidad de inclusión y respuesta a las demandas sociales y políticas. Los años que siguieron trajeron muchos desarreglos. En el afán de reconciliarse con la juventud y con la izquierda, el presidente Echeverría instauró la llamada apertura democrática, apoyó a las universidades y procuró distribuir mejor la riqueza. Intentó, sin éxito, una reforma fiscal que gravara al gran capital y lanzó al mundo un discurso antiimperialista. A la larga, quedó mal con la izquierda y con la derecha; su sexenio terminó en devaluación del peso y en una severa crisis económica por pérdida de confianza, y en crisis política por el deterioro que sufrió la legitimidad del estado.

Después, la visión de Jesús Reyes Heroles imaginó un camino de reconciliación: la reforma política de 1978, cuyas intenciones de realizarla fueron anunciadas el 1 de abril de 1977, en Chilpancingo, Guerrero. Se dice que no es casual que escogiera esa ciudad para el anuncio por ser la capital de la entidad con mayor presencia de movilizaciones campesinas armadas, la tierra de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Gracias a la reforma política, entre otras cosas, se legalizó el Partido Comunista y se facilitaron las coaliciones, se creó la figura de diputados de representación proporcional y se amplió el número de diputados. Los partidos distintos al PRI comenzaron a tener más oportunidades que nunca para participar en el circuito del poder.

Hoy necesitamos una reforma más profunda que aquella de Reyes Heroles. Una reforma pensada no para los partidos, sino para la sociedad, los sectores populares, los campesinos y los grupos vulnerables. El principio de todo es restaurar la autoridad presidencial y hacer cumplir la ley. Urge que sean castigados los que pisotean los derechos legales sobre los que se sustenta la ciudadanía y, en última instancia, la paz y la estabilidad. Ésa no es sólo una obligación del estado, sino la condición para que prevalezca la unidad política de la nación. Si eso no ocurre y seguimos padeciendo esta intemperie, la sociedad, tarde o temprano, recurrirá a su autodefensa por cualquier medio.

La pregunta que cabe hacerle al gobierno federal es si está dispuesto a luchar en cualquier frente para salvaguardar la estabilidad y la concordia. Ello incluye construir una base de autoridad propia y legítima: convocar el apoyo generalizado de los ciudadanos para poner límites a los poderes económicos y comenzar a distribuir mejor la riqueza, desmantelar los poderes fácticos, lícitos e ilícitos, minar las mafias políticas, y someter a todos al imperio de la ley y a los dictados de un orden democrático, civilizado e incluyente.

En el horizonte de México está el conflicto dentro del marco de la paz como único camino para superar la barbarie y construir un régimen más justo. El dilema es si el actual estado se dispone a transitarlo por una vía difícil pero en la que tenga la iniciativa con una agenda de reformas creíbles, o si renuncia a su responsabilidad y abre las puertas a la oscuridad de una violencia política que podría volverse en su contra. Necesitamos, con urgencia, otro Reyes Heroles.

 

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