Atrevimientos

Transporte público a 7 pesos: el regreso del pulpo

Muy entrada la noche del viernes pasado, o mejor dicho, durante los primeros minutos del sábado, la Comisión de Tarifas del Transporte Público determinó incrementar a 7 pesos el costo del pasaje en Guadalajara. La aplicación del alza fue inmediata. Entró en vigor ayer domingo porque el gobernador Sandoval autorizó, el mismo sábado, publicar la decisión de la Comisión en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Así, prácticamente en la víspera de la Navidad, miles de familias y estudiantes tapatíos de escasos recursos han recibido un regalo nada agradable.

La autorización del incremento decepciona por la manera en que fue decidida, y porque se está perdiendo una oportunidad única para dignificar y modernizar el sistema de transporte colectivo de Guadalajara. El 7 de abril de 2013, el Gobierno del Estado, la Alianza de Camioneros y el Frente Único de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, firmaron el Acuerdo para la Creación del Nuevo Modelo de Transporte Público. Aquel día, Jorge Aristóteles Sandoval logró algo que ningún gobernador había podido hacer, por lo menos en los últimos treinta años: propiciar que los camioneros aceptaran mantener la tarifa sin cambios (a pesar de que antes ya se había autorizado un incremento), y que se comprometieran a implantar otro esquema de organización y trabajo para el transporte.

Oficialmente, el acuerdo implicaba cuatro aspectos: 1) Una reforma legal e institucional; 2) La modernización del transporte; 3) El reordenamiento de rutas; y 4) Incentivos gubernamentales para la mejora de la actividad. Lo esencial del acuerdo fue que el Gobierno de Jalisco se asumió como rector de este sector económico con el propósito de tener rutas mejores, de forma que los choferes no compitan entre sí por el pasaje; autobuses nuevos, más cómodos y más seguros; un trato digno al usuario; conductores mejor capacitados y en condiciones laborales más equitativas. Todo esto se sintetizaba en el propósito de garantizar que la tarifa sea justa y se determine no sólo por las condiciones de rentabilidad financiera del servicio, sino en función de que se implanten mejoras efectivas en la calidad del mismo para una mayor satisfacción del usuario. Lo esencial es que no podía haber aumentos en la tarifa si antes no se hacían las mejoras en el modelo de funcionamiento de los autobuses urbanos.

El 19 de julio de 2013, los diputados jaliscienses aprobaron la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, la cual materializó algunos de los compromisos implicados en el Acuerdo para la Creación del Nuevo Modelo de Transporte Público. La nueva ley generó mejores condiciones para modernizar el transporte público y dotó de más instrumentos para la acción del Gobierno de Jalisco en la materia. Sin embargo, todo parece indicar que hasta allí llegaron las buenas intenciones. Hasta el momento actual, de las 2,500 unidades que componen el parque vehicular sólo diez son nuevas, cuentan con videocámaras y están pintadas conforme a lo exigido por el Gobierno del Estado. No ha habido ninguna mejora sustancial en el servicio y los propietarios de los camiones no están concretando, en los hechos, el nuevo modelo de transporte que necesitamos y al que se comprometieron.

La madrugada del sábado pasado los camioneros lograron lo que siempre han hecho: recibir la aprobación del incremento a la tarifa sin antes cumplir sus obligaciones en materia de elevar la calidad de sus servicios. El Gobierno del Estado no pudo hacer que los camioneros honraran el acuerdo y aceptó el incremento a la tarifa. Inexplicablemente, a los miembros de la comisión de tarifas no les fue entregado el estudio que justifica el aumento del pasaje, sino que únicamente se les mostró al momento de tomar la decisión. Allí se les informó que la tarifa necesaria para garantizar la operación del transporte era de 8 pesos; al final, el monto autorizado es de 7 pesos, pero prevaleció la sensación de que fue una decisión tomada sin suficientes elementos de análisis y con demasiada prisa. A los miembros de la comisión tarifaria se les citó el mismo viernes a las siete de la noche.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), junto con otros organismos y partidos de oposición, votó en contra del incremento e interpuso un recurso para obtener un amparo de un juez de distrito en materia administrativa. El propósito es revertir el aumento y presionar para que se implante el nuevo modelo de transporte al que se comprometieron los transportistas con el gobernador en abril pasado.

A la acción de la FEU se están sumando algunos partidos políticos y algunos otros organismos empresariales, ciudadanos y ecologistas. En las redes sociales hubo mucha oposición al aumento. Todo esto puede ser crucial porque podría generarle condiciones al Gobierno de Jalisco para someter al pulpo camionero y obligarlo, ahora sí, a comprometerse con su modernización.

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