Atrevimientos

Señor Presidente: es posible rectificar

Los hechos de Nochixtlán y la coyuntura que ha seguido no sólo son el desenlace desafortunado de la suma de imprudencias y errores cometidos por la Policía Federal, el Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República. Tampoco se pueden reducir a un mero efecto derivado de los vicios de la cúpula de la CNTE.

Son la conjunción de todo eso, pero tampoco se agotan en ello; si se quiere evitar un escenario más grave, el presente debe interpretarse desde una perspectiva más amplia y sin concesiones a la corrección política: hay que reconocer que la nación está fracturada y que quienes dirigen al estado mexicano no han sabido encauzar productivamente los conflictos que nos enfrentan. Les falta hablar un lenguaje de verdades por dolorosas que sean y proceder en consecuencia; eso es lo único que podría ayudar a restañar la deteriorada credibilidad gubernamental.

Entre amplios sectores sociales crece la desconfianza hacia el gobierno y las instituciones; éstas no han respondido como se requiere para desagraviar a muchísimos mexicanos. ¿Puede negarse que padecemos una crisis de derechos humanos --léase miles de muertos, desapariciones forzadas y prácticas de tortura--, y que además se disuelven, o no se hacen valer, los derechos laborales y sociales de una gran parte de la población?

La gobernabilidad está erosionada y la situación será mejor en la medida en que el gobierno actúe con responsabilidad, buen juicio y profesionalismo político. De otra suerte, nos espera más polarización nacional y nuevos actos de desafío a la autoridad pública. De paso: las reformas institucionales eficaces no se obtienen con decisiones basadas en la lógica de mando y control, sino con actos congruentes de una autoridad que para obtener de los ciudadanos la aceptación razonada de sus políticas las modifica tomando en cuenta sus puntos de vista.

Al reconocimiento sin eufemismos de la gravedad de la situación --lo que incluye una investigación a fondo, imparcial y objetiva de los hechos de Nochixtlán, además del castigo a los responsables-- deberá seguir un acto moral de expiación por parte del Gobierno de la República: solicitar que renuncien los responsables políticos e institucionales de lo ocurrido, y el reconocimiento, por parte del presidente Peña Nieto, de aquello que se ha hecho mal o no se ha hecho. Otra vez: sólo el reconocimiento de la verdad y sus consecuencias puede allanar el buen camino para el gobierno y el país.

¿Cómo explicar a los mexicanos que una corporación policiaca, responsable ante al Gobierno Federal, haya atacado a la población civil ocasionando la pérdida de vidas humanas y decenas de lesionados? ¿Qué argumentos éticos pueden justificar la intimidación policiaca, por encima del diálogo y la negociación, como método para atender las inconformidades de los maestros de la CNTE?

El problema de fondo no es que un sector magisterial dé la espalda a la modernidad y la reforma educativa, como se pudiera pensar desde una posición tecnocrática y poco sensible. Ni siquiera lo es que algunos líderes del magisterio utilicen la agitación política y la desestabilización como métodos para favorecer intereses que se alejan de lo que necesita la niñez. 

Este espectro de conductas, justificadas o no, ciertas o inexactamente descritas, son el pan de cada día de la vida política. En sí, no tienen que convertirse en una crisis política nacional ni tampoco en una amenaza a la gobernabilidad. Frente a ellas, desde el punto de vista del interés público --a cuya defensa está obligado el Gobierno--, lo único que cabe es la inteligencia y el sentido de la realidad.

El problema de fondo es la impericia gubernamental que propicia el desencanto y el encono de buena fe de muchísimos mexicanos, lo que a su vez es aprovechado por actores políticos para favorecer sus propias agendas.

Se puede conceder el beneficio de la duda y suponer que frente al rezago educativo el Gobierno Federal tiene un propósito auténticamente modernizador. Esto a pesar de que la reforma educativa necesita --y ojalá así se haga-- incorporar conceptos pedagógicos y filosóficos que le permitan ir más allá de los aspectos de disciplinamiento laboral que la caracterizan.

Sin embargo, no se puede ser condescendiente con el uso de la fuerza pública contra la población civil. Tampoco se puede dejar de señalar que está lejos de ser claro que en todo momento el gobierno actúa de manera moderna y consecuente. ¿Es moderno aplicar la ley a unos sí y a otros no? Si se detuvo a los líderes de la CNTE bajo el imperativo de la aplicación de la ley, ¿por qué no se procede contra algunos ex gobernadores sobre los que pesan sospechas de corrupción y delitos penales? Si realmente se quiere rectificar, todavía hay manera de hacerlo.