Atrevimientos

Reformas con prisa: ¿destinadas al fracaso?

En su artículo del 5 de febrero, Luis F. Aguilar (Reforma) nos advierte sobre el riesgo de la prisa en el que pueden incurrir los legisladores que discuten las leyes secundarias que acompañarán las reformas aprobadas. Debemos tomar en serio la advertencia. El buen artesano, el cirujano avezado y el escritor cuidadoso saben que la prisa es mala colaboradora: trabajar a la carrera propicia el error y la precipitación. La calma, en cambio, atrae la creatividad y hace posible concentrar la capacidad en la resolución de un problema.

Aguilar distingue entre las reformas que los países emprenden para hacer ajustes menores en su funcionamiento, y aquellas que son más profundas y se realizan para revertir desempeños fallidos. Las primeras son cambios naturales, por decirlo así, en economías, sociedades y sistemas políticos que trabajan bien, pero que, cada cierto tiempo, requieren afinar sus instituciones. Las reformas del segundo tipo se vuelven indispensables cuando los países no funcionan bien y los gobiernos no pueden responder a las exigencias de los ciudadanos, o cuando están al borde del colapso; una vez que se presenta esta necesidad, lo indispensable se vuelve urgente, y lo urgente nos hace actuar con precipitación.

Este es el caso de México y el predicamento que rodea al gobierno del presidente Peña Nieto. No es que estemos al borde de un colapso, pero el equipo gobernante está obligado a hacer reformas porque muchas instituciones y áreas del país tienen desempeños muy por debajo de lo que México requiere. Urge atender aspectos como el crecimiento económico, la educación, la impartición de justicia, la recaudación fiscal, la seguridad pública, el profesionalismo de alcaldes, diputados y senadores, y la competencia entre empresas dedicadas a la comunicación, entre los más importantes. Sin hacerse cargo del atraso en el que se ha dejado a todos estos asuntos es prácticamente imposible que el país alcance condiciones para impulsar el desarrollo que nos hace falta.

La necesidad de las llamadas reformas estructurales es un hecho evidente desde hace mucho tiempo. Se trata de establecer un orden político que permita que la democracia sirva a la nación y sea algo más que el ejercicio de elecciones razonablemente libres y justas. También se trata de que el estado construya capacidades de regulación sobre el funcionamiento de la economía. En última instancia, el asunto consiste en crear las instituciones necesarias, las reglas, los incentivos y los castigos, para que la economía distribuya muchos beneficios, y para que las fuerzas sociales se armonicen y colaboren. No es nada nuevo, sino un añejo problema de las sociedades que se vuelven masivas y diversas.

El politólogo estadounidense  Samuel P. Huntington lo puso muy claro hace más de cuarenta y cinco años en su famoso libro llamado El orden político en las sociedades en cambio: “en una sociedad más heterogénea y compleja ninguna fuerza social puede dominar, y menos aún crear una comunidad, si no crea instituciones políticas que posean cierta existencia independiente de las fuerzas sociales que las originaron”. México requiere instituciones que encaucen los intereses de los grupos particulares y los hagan productivos para el conjunto de ciudadanos: reglas y sentido de comunidad que transformen “la fuerza en derecho y la obediencia en deber”.

El problema de México es que nuestra democracia no ha sido capaz de construir las instituciones que hacen falta para que exista entendimiento y colaboración entre las fuerzas políticas que representan a la sociedad. Se trata de un círculo vicioso: no tenemos instituciones adecuadas porque las agrupaciones políticas no colaboran; y no colaboran porque no tenemos instituciones adecuadas. Y si éstas no existen como tales, o si son insuficientemente maduras, como en los casos del sistema de impartición de justicia y el sistema educativo, tampoco podremos tener políticas públicas consistentes y programas de gobierno que logren las metas que se proponen. De allí la sensación de ineficacia gubernamental que nos invade y nos desalienta.

El problema de reformar al país es que el objetivo que se quiere alcanzar es la condición misma de su realización, como si la gasolina para hacer funcionar el motor del vehículo que nos habrá de llegar al sitio al que necesitamos ir sólo se encontrara allí. Las condiciones que nos han conducido a esta falta de funcionamiento institucional del país son las mismas que se interponen para que contemos con las reformas que hacen falta. La prisa de los legisladores es la manifestación lógica de una situación dramática: un gobierno atenazado por las fuerzas sociales y políticas que se ven favorecidas por la rigidez y las inercias, un gobierno que necesita actuar rápido para vencer a los rivales de las reformas antes de que estos levanten un muro infranqueable y se pierda la oportunidad.

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