Atrevimientos

Hacer que el gobierno toque fondo

Para superar la crisis es necesario que el gobierno federal se disponga a crear algo que desde hace mucho tiempo no existe: un clima de confianza nacional que apuntale la credibilidad de las autoridades. La percepción de que no se han atendido debidamente las demandas de los padres de los jóvenes desaparecidos alimenta el descontento general y radicaliza las acciones de protesta. Éstas, las pacíficas y las violentas, no van a cejar a menos que se acorte la distancia emocional que existe entre el estado mexicano y un gran sector de ciudadanos.

En los años por venir la tragedia de Ayotzinapa será el agravio principal del país, la persistente sombra que acompañará al presidente Peña Nieto, al PRI y al PRD, por lo menos. Esto ya es inevitable. Lo único que se puede intentar, cosa no menor, es que Ayotzinapa signifique el comienzo de algo nuevo, el inicio de una forma distinta de entendimiento entre los mexicanos. Esto incluye refundar nuestras instituciones: concertar un pacto del estado y los ciudadanos que explicite promesas a cumplir por el gobierno en sus órdenes federal, estatal y municipal.

Dedicar toda su energía moral a este trabajo político es la única posibilidad que tiene Peña Nieto de salvar el prestigio de su gestión y convertir las fallas en oportunidades. Si no lo hace, si él y su equipo no comprenden el alcance social y político de su tarea, se hará más grande la fractura que divide a la nación.

Del uso de la fuerza pública no emanan palabras, mucho menos un diálogo que dé esperanzas de que puede ocurrir el nuevo comienzo que necesitamos. Las macanas y los fusiles sólo producen dolor, indignación y muerte; con ello se aumenta el riesgo de que los conflictos se agraven. En lugar de pensar en utilizar ese recurso, el gobierno necesita convencer a los ciudadanos de que está del lado de la justicia y de que su compromiso es con ellos, con la sociedad a la que se debe y cuya armonía se basa en la observancia de la ley y en el cuidado del bien colectivo.

Si el gobierno no logra una justicia plena en el caso de Ayotzinapa, ¿puede convertir en legítima la aplicación de la fuerza para reprimir acciones de vandalismo relacionadas con los sucesos de Guerrero? El vandalismo es ilegal y condenable, pero debe ser tratado con sensibilidad y con sentido de las consecuencias, pues es probable que quienes lo instrumentan busquen provocar una respuesta gubernamental violenta. Si esta se llegase a presentar sería interpretada como un signo de que las autoridades no quieren darle una oportunidad a la política.

El gobierno está obligado a ofrecer un relato consistente y creíble de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos; su única opción es dar a conocer lo que realmente sucedió y proceder en consecuencia. Es un deber de estado quitar la protección de la impunidad a cualquier funcionario, banda criminal, corporación o entidad gubernamental que haya cometido actos ilegales relacionados con el caso, o que se haya comportado de manera irresponsable, omisa o cómplice. Por eso, la reconstrucción puntual de los hechos es clave. La verdad, amarga e incómoda, es el único camino que conduce a algún sitio.

El gobierno también necesita comunicar una narrativa que vaya más allá de la coyuntura inmediata y abarque el mediano y el largo plazo. Los hechos de Guerrero son la continuación de una cadena de asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones e impunidad que han marcado el tiempo mexicano en los últimos diez años, por lo menos, y que han terminado por carcomer la estructura misma del estado mexicano y la integración de la sociedad.

Al gobierno le urge interpretar con honestidad el contexto de la época y reconocer las insuficiencias del estado mexicano. Éstas van más allá de la incapacidad de las instituciones para brindar seguridad e impartir justicia; atraviesan todo el espectro de las políticas públicas y están en el origen de la cancelación del futuro para más de la mitad de los mexicanos. El gobierno debe hacerse cargo de esta realidad y abanderar con acciones concretas los intereses de las grandes mayorías de la población. Ésa es la única manera realista de enfrentar la tempestad que se está formando en el horizonte.

La llama de la movilización social no se debe apagar. La protesta pacífica, pero firme y constante, es indispensable para que el gobierno se disponga a enfrentar con altura de miras sus dificultades. No puede haber un México en paz sin una ciudadanía solidaria entre sí, consciente de sus derechos y congruente con sus obligaciones cívicas. Resistir la injusticia en el marco de la ley obliga moralmente al gobierno a actuar con justicia.

No creo que un naufragio gubernamental traiga algo positivo. Tampoco creo que la violencia sea una buena partera de la historia. Lo que toca es hacer, pacíficamente, insisto, que el gobierno toque fondo y se vea ante la necesidad absoluta de hacer lo correcto. Eso es lo mejor que podría ocurrir. Será una acción de años, pero ya comenzó.

 

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