Atrevimientos

Exigir justicia y mostrar indignación tope donde tope

El destino ya nos alcanzó. Ahora nos puede llevar a cualquier sitio poblado de todo el horror y sufrimiento que podamos imaginar. Los hechos de Iguala nos deben hacer entender que estamos ante una crisis histórica de la protección de los derechos humanos. Si el episodio, en toda su gravedad, no fuera suficiente, miremos las cifras presentadas por las organizaciones encargadas de velar por este tipo de reivindicaciones: en México, desde 2006 a la fecha, han ocurrido 22 mil desapariciones forzosas de seres humanos y 80 mil asesinatos.

Consideremos también que en los últimos días el gobierno mexicano ha recibido recomendaciones y exigencias por parte de varias agencias internacionales para resolver el caso de Iguala con respeto a los criterios de un estado democrático de derecho. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha externado su preocupación al respecto, además de la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Humans Right Watch. También está pendiente el caso de Tlatlaya, el cual está bajo la lupa de entidades internacionales.

Pero es más importante la indignación de los ciudadanos mexicanos que la semana pasada se lanzaron a las calles por miles, en decenas de ciudades del país, para mostrar su dolor por los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. La misma indignación fue revelada por lo menos en Madrid, Berlín, Londres, Buenos Aires, Barcelona, Bruselas, Nueva York, Barcelona, Montreal, Chicago y Los Ángeles.

Lo sucedido en Iguala tiene innumerables ramificaciones que se inervan en el sistema político no sólo de ese municipio y del estado de Guerrero, sino también en la clase política nacional y en los mecanismos institucionales de nuestra democracia. El alcance de la descomposición política y moral de la presidencia municipal de Iguala se habría limitado si el PRD hubiera puesto más cuidado en la designación del candidato a ocupar ese cargo, y si hubiera vigilado su desempeño con más atención. De ahí la disculpa solicitada hace unos días por el líder nacional de ese instituto político.

Por otro lado, es evidente la falla de los organismos electorales y las reglas institucionales para evitar la incursión de intereses criminales en las elecciones; esa carencia hizo posible que llegara a la presidencia de Iguala un hombre cuyo entorno inmediato tiene presumibles vínculos con un poderoso cártel del narcotráfico. Luego, pero no en último sitio, está la falta de profesionalismo político del gobernador de Guerrero para atender el caso de un alcalde que desde hace meses mostró ineficacia para tratar la conflictividad de su región, y también signos de corrupción que dieron pie a señalamientos de actuación criminal de su parte en contra de algunos políticos locales, como probablemente sea el caso del asesinado Arturo Hernández Cardona.

Lo que ocurre en Guerrero significa que el orden el país se está resquebrajando. No es una patología aislada del resto del cuerpo de la sociedad mexicana. El más superficial análisis no puede dejar de lado, por ejemplo, a Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México, pues ahí también se han presentado prácticas de colusión entre organizaciones criminales y autoridades civiles. Con matices y diferencias, en estas entidades se presenta un patrón que amenaza con volverse un rasgo general y sistemático a lo largo de la nación.

En México está roto el acuerdo político fundamental sobre el que descansa la armonía de la vida social. Recordemos que la sociedad se funda en la capacidad de los seres humanos para sentir un mínimo de empatía entre sí. Los mexicanos hemos olvidado que más allá de nuestras discrepancias de condición social, opinión política y preferencias morales, compartimos una naturaleza humana común y formamos parte de la misma nación. Si no tenemos visiones similares del mundo y la felicidad, por lo menos deberíamos asumir que todos tenemos derecho a la vida. El respeto a este valor hace mucho tiempo que se ha perdido entre muchos individuos que a diario delinquen y abusan de los instrumentos de violencia que poseen o controlan.

El presidente Peña Nieto y el conjunto de clase política mexicana están obligados a actuar con sentido de estado para evitar la profundización de esta crisis que podría alcanzar proporciones incalculables. De no dar un golpe formidable y oportuno a la impunidad, la administración de Enrique Peña Nieto y el país pagarían un elevadísimo costo. Sólo aplicando la ley de manera estricta, y haciendo que llegue la justicia, la dirigencia del estado mexicano podrá demostrar que tiene las condiciones morales para gobernar y promover una reconciliación. Por su parte, la sociedad mexicana debe continuar mostrando su irritación y exigir justicia tope donde tope, como dijo el presidente. Al mal que propinan las armas y las balas se debe oponer el bien y la esperanza que resultan de la solidaridad civil.

 

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