Atrevimientos

Caso Ayotzinapa: Aún hay tiempo

Estamos en el momento más delicado de la coyuntura que se abrió la noche del 26 de septiembre. La conferencia de prensa del viernes, en la que el procurador Murillo Karam reconoció que las investigaciones indican que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados, exacerbó los ánimos y recrudeció la impotencia que sienten muchísimos mexicanos.

Los padres de los jóvenes desaparecidos negaron toda credibilidad a la versión presentada por Murillo Karam: Le exigieron que continuara la búsqueda de los muchachos, pues los suponen con vida. Además, se manifestaron con rudeza en contra del presidente Peña Nieto. Algunos de ellos, en su comprensible desesperación, le advirtieron que, a su regreso de Asia, “encontrará otro país”, gesto que hace evidente un deseo de subversión política y social.

Los normalistas de Ayotzinapa arremetieron el sábado, otra vez, contra las instalaciones del Palacio de Gobierno de Chilpancingo, en el que prendieron fuego e hicieron destrozos; de paso, quemaron una veintena de vehículos. Según el diario La Jornada, en esos actos participaron 600 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, quienes estuvieron apoyados por la Coordinadora de Egresados en Defensa de Ayotzinapa. Advirtieron: “Esto apenas empieza”.

Ese mismo día por la mañana, en Acapulco, representantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) se pronunciaron por la desaparición de poderes en los municipios y en el estado de Guerrero, así como por la renuncia del presidente Peña Nieto. Buscan establecer comités en los 81 municipios de Guerrero para “gobernar desde las colonias, barrios y comunidades de los 81 municipios de la entidad”.

En la Ciudad de México, la noche del sábado, un contingente de manifestantes marchó desde la Procuraduría General de la República hasta el Zócalo. Todo transcurrió en paz, hasta que, al llegar al Palacio Nacional, un grupo de jóvenes radicales intentó primero echar abajo una de las puertas del inmueble y después la incendió. Fueron detenidas dieciocho personas. Por la tarde habían hecho una flashmob en la plancha del Zócalo, donde con sus cuerpos acostados formaron las palabras “fue el estado” para luego guardar “un minuto de silencio por Ayotzinapa”. Finalmente, nombraron la lista de los 43 jóvenes desaparecidos y repitieron la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El día de ayer el presidente Peña Nieto, desde Alaska, respondió en los siguientes términos a los actos vandálicos del sábado: “Es inaceptable que alguien pretenda utilizar esta tragedia para justificar su violencia. No se puede exigir justicia actuando con violencia”. No le falta razón. Sin embargo, mientras no suceda algo que atempere los sentimientos de agravio y eleve la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, las marchas y las protestas van a continuar; ello seguirá abriendo la puerta para que ocurran actos de vandalismo y para que se escale la radicalización de las demandas de algunos sectores que le apuestan a eso.

Esta semana es clave. Debemos esperar que no se produzca el embotamiento del sentido común político del pueblo mexicano, de sus jóvenes, de sus sectores políticamente organizados, de los grupos radicales y, por supuesto, de la clase gobernante en su conjunto. En otras palabras, es imperativo que prevalezca la prudencia, el sentido de responsabilidad y la generosidad política. Esto nos implica a todos. Si entre los partidos políticos y el gobierno se impone la discordia y el interés particular infligirán un daño el estado que puede costarnos demasiado caro. En cambio, si se deciden a hacer política verdadera darán un paso fundamental en la dirección correcta.

Ayer el gobierno federal anunció la creación de una comisión de estado contra la violencia, luego de que fracasara su propuesta de un pacto por la seguridad y el estado de derecho. Para tener éxito la comisión debe construir una ruta de reconciliación nacional, que incluya no sólo la justicia para el caso de Ayotzinapa, sino también el inicio de una discusión nacional de las causas estructurales, sociales e institucionales, que nos han traído hasta aquí.

Combatir la violencia implica mucho más que tener buenos policías e instituciones judiciales eficientes, tiene que ver con establecer una relación de credibilidad y apoyo mutuo entre el estado y los ciudadanos, con el buen entendimiento entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, con la manera en que cohabitan las clases sociales, la riqueza y el trabajo, y con la forma en que se hace compatible el interés público y el interés privado.

El presidente debe ir a fondo en la procuración de la justicia y en la promoción de la armonía social y política. Debe ganar la autoridad moral que necesita para poner de su lado a las mayorías que quieren la paz. Aún hay tiempo.

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