Atrevimientos

Aguilar Camín y la captura criminal del estado

La semana pasada mencioné un ensayo de Héctor Aguilar Camín que aparece en el número de enero, de Nexos, titulado La captura criminal del estado. Llamó mi atención porque reconstruye los hechos que provocaron el crecimiento del crimen organizado en México y sus graves repercusiones contra la paz pública. Tiene el mérito de sintetizar varios trabajos de especialistas sobre el tema y mostrar una visión de conjunto que resulta útil para entender este complejo fenómeno.

Aguilar Camín afirma que México vive una guerra civil. No tiene un carácter convencional, pero es una guerra si consideramos la cantidad de víctimas, muertos y desaparecidos que ha traído consigo. Los conflictos entre bandas de narcotraficantes, y entre éstas y las fuerzas del estado, han sido una forma de guerra civil, dice el autor, y han adquirido el carácter de una rebelión o resistencia armada.

¿Por qué esta espiral de muerte en un cielo razonablemente despejado?, dice el autor. Es cierto que antes teníamos paz, sobre todo si tomamos en cuenta lo aparatoso y terrible que resultan estas cantidades de fallecidos. La declaración de guerra del estado mexicano contra el narcotráfico, hacia 2007, parece ser el punto de inflexión. Sin embargo, desde hacía varios lustros asistíamos a la incubación del conflicto y a un deterioro de la paz sin prisa pero sin pausa.

Acaso el gobierno de Calderón optó por el combate frontal de las grandes organizaciones criminales porque sintió amenazada la integridad política, policiaca y legal de las estructuras del estado. La guerra, pues, era inevitable. Lo que ocurrió es que el conflicto implicado alrededor de las operaciones del narcotráfico se salió de control y alcanzó proporciones gigantescas. De cualquier manera, la declaración de guerra del estado mexicano contra el narco es, según se colige de las palabras de Aguilar Camín, el desencadenante de la violencia que padecemos.

Hubo una estrategia: ir contra las grandes y poderosas organizaciones criminales para descabezarlas y provocar su desintegración. Eso provocó, a su vez, la proliferación de bandas más pequeñas que comenzaron a pelear entre sí por el control de los territorios y las zonas de distribución y trasiego de las drogas. Con la entrada de las fuerzas armadas del gobierno federal en el plano local, se colapsó el sistema de acuerdos locales, “concesiones”, pactos y disimulos que antes hacían operar, en paz relativa, a las maquinarias delincuenciales de los municipios; esta destrucción del “tejido social” delincuencial, a manos del gobierno federal, abrió la Caja de Pandora.

Otros factores intervinieron para hacer más crítica la situación. Uno de ellos es que el estado federal mexicano se debilitó con la transición democrática: la antigua eficacia del gobierno se debía a sus facultades extralegales: “buena parte de su eficacia era su arbitrariedad”; a su vez, los gobiernos estatales lograron cierta autonomía y fueron, junto con los municipios, presa fácil de los intereses de las bandas criminales y sus mecanismos de cooptación: la extorsión, la amenaza, el dinero, el secuestro, el asesinato. Así se llevó a cabo la captura criminal del estado.

Mientras tanto, el territorio nacional se volvió un campo de encarnizadas batallas entre los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez, el Golfo, por el control de las rutas de tránsito de la droga hacia el norte. En este contexto surgieron Los Zetas, organización de sicarios al servicio del Cártel del Golfo con el propósito de servirle de apoyo, y que llevó la violencia, el terror y las acciones criminales a niveles insospechados. La extorsión y el secuestro fueron los dispositivos de una organización que se apoderó de la tranquilidad de territorios enteros.

En Michoacán y Guerrero se presenta con virulencia este apoderamiento de la sociedad local a manos de Los Zetas. Fue por eso que surgieron organizaciones como La Familia y otras, para contrarrestar los efectos de Los Zetas. Las autodefensas michoacanas, son un paso más de esta espiral de violencia.

Según Aguilar Camín quizás asistimos al periodo final de esta violencia. Las organizaciones que quedan son tal vez más violentas pero menos poderosas y circunscriben su operación a zonas urbanas marginales, municipios aislados y ciudades menores. Ese era, en teoría, el sentido de la estrategia gubernamental: acabar con las grandes organizaciones y sustituirlas por “bandas quizá más violentas pero de menor capacidad logística y financiera, cuyos crímenes pudieran atenderse en escenarios locales”.

Ojalá y tenga razón Aguilar Camín o los estrategas del gobierno. Pero lo cierto es que este escenario de descomposición puede seguirse agudizando. Cualquier territorio municipal aislado, cualquier ciudad menor, no sólo es importante, sino que puede convertirse en una zona de conflicto que ponga en crisis a todo un gobierno nacional. La demostración de esto se llama Iguala.