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“Nueva” justicia a viejos problemas

En México, existen las condiciones propicias para vivir una dicotomía cotidiana; ser víctima de un delito o convertirse en un delincuente impune. Para ambos casos, el "nuevo" sistema de justicia penal es un chiste que se cuenta solo. Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95% (Índice Global de Impunidad México, Udlap, 2016). Me parece ingenuo atribuir el aumento incontenible de la delincuencia exclusivamente al sistema penal acusatorio, en particular a sus "honorables" ministerios públicos, jueces y policías; se relaciona también con la corrupción, la decadente clase política, el desempleo, un modelo económico que garantiza la pobreza intergeneracional, sistemas educativos que vanaglorian el conformismo social y una ciudadanía que percibe al espacio público como algo potencialmente peligroso y que expone su vulnerabilidad. Todo ello, me susurra los síntomas del síndrome de un estado fallido.

Si bien, el control de la violencia y la criminalidad no corresponde inicialmente a los sistemas de justicia penal, sino a los gobiernos y a la política de prevención y seguridad pública. La justicia penal puede y debe contribuir a la prevención, es cierto, pero su foco es posterior. La justicia penal siempre llegará tarde: cuando el crimen ya ocurrió, cuando las polít icas de prevención y seguridad no fueron eficaces. (Arellano, 2017). Psicológicamente, los delincuentes son individuos enfermos, son síntomas de una enfermedad social y representan la consecuencia de núcleos microsociales igualmente disfuncionales (Marchiori, 2010). Además, comparten rasgos comunes; son manipuladores, impulsivos, violentos, su conducta antisocial es reiterada, se mantiene a lo largo del tiempo y se presenta en diferentes contextos, evitan responsabilidades, maximizan la gratificación inmediata y distorsionan la realidad a su conveniencia (Ampudia, 2015).

Para la economía conductual (Simon, 1976, Kahneman, 2002 y Ariely, 2000), una disciplina que plantea que nuestra conducta es "irracional", que nuestras decisiones son impulsivas pero también, ligeramente predecibles; el delincuente no es un estúpido, busca la opción más ventajosa para abrirse paso en el mundo y para ello, realiza un análisis costo-beneficio para determinar cuántas oportunidades de robar, engañar o delinquir tiene sin ser descubierto o en caso contrario, calcula la posibilidad de ser detenido y en tal caso, imagina el castigo que podría esperarle, que como sabemos es estadísticamente bajo. Dicha explicación podría parecer reduccionista, pero obliga al sistema de justicia a discutir cuatro asuntos siempre pendientes: 1) realizar un diseño cultural que no solo controle conductas negativas, sino que incline a los sujetos a comportarse éticamente, 2) incrementar la posibilidad de sorprender al infractor y actuar de modo inmediato de modo inquisitivo, acusatorio y rehabilitatorio y 3) aumentar la magnitud de las consecuencias naturales por transgredir la ley.

Twitter: @HectorCerezoH