Día con día

Las trampas de la equidad/II

La Comisión de Fiscalización del INE contradijo ayer el fallo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Federal, en el sentido de que los candidatos independientes podrían conseguir de fondos privados tanto dinero de campaña como sus contendientes de otros partidos reciben de fondos públicos.

El criterio de los fiscalizadores del INE se ciñe a la ley electoral vigente, que autoriza como monto de financiamiento privado solo 10% del costo autorizado para las campañas.

El INE vuele así a desemparejar el piso de la contienda contra los independientes, quienes reciben mucho menos dinero público que los candidatos de partidos registrados.

La inequidad es considerable. Lorenia Canavati, candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Garza García, va a recibir 21 mil 48 pesos de financiamiento público para su campaña. Sus contrincantes con partido recibirán 992 mil.

La Sala Regional Monterrey autorizaba a Canavati a buscarse por sus propios medios la diferencia. El INE dice ahora que no, que solo puede conseguir de aportaciones privadas el 10 por ciento del monto autorizado, unos 90 mil pesos más. Canavati deberá hacer campaña con unos 120 mil pesos mientras sus contrincantes recibirán cerca de 992 mil.

La inequidad en el caso del candidato independiente a la gubernatura de aquel estado, Jaime Rodríguez El Bronco, es de cifras más altas. La Sala Regional le había autorizado a conseguir fondos privados hasta por 49 millones de pesos, que es el monto autorizado para campañas de gobernador.

El nuevo criterio del INE lo limita solo 10% de esa cantidad, 4.9 millones, lo cual da a sus contrincantes unos 45 millones de ventaja.

La resolución del INE corrige una implicación radical del fallo de la Sala Monterrey, a saber, que los candidatos independientes podrían depender preponderantemente de dinero privado.

Esto legalizaría un sistema dual de financiamiento electoral, abriendo la puerta a candidaturas independientes de financiamiento privado.

El INE cierra esta puerta, pero deja abierta la de la inequidad. La última palabra la dirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo cierto es que el engrudo del reglamentarismo electoral no tiene fin.

hector.aguilarcamin@milenio.com