Día con día

La guerra no declarada y las fuerzas armadas

Las fuerzas armadas de México empiezan a pagar las consecuencias legales, morales y de opinión pública de haber participado en una guerra que no les correspondía librar: el capítulo mexicano de la guerra contra las drogas, impuesta al mundo por Estados Unidos.

Se trató y se trata de una guerra atípica, no declarada legalmente y sin un objetivo claro desde el punto de vista militar. Una guerra nacida en lo fundamental de un error de juicio.

El error de juicio fue convertir un agudo problema de seguridad pública, que era la proliferación criminal de las bandas del narcotráfico, en un problema de seguridad nacional, para el que debían emplearse las fuerzas armadas.

En el año 2007 el gobierno del presidente Felipe Calderón empezó a echar mano del Ejército para operativos de ocupación territorial y disuasión violenta de estos  grupos, en la esperanza de una rápida contención.

Lo creyó entonces el Presidente y lo creímos muchos, pero no resultó así: la contención fue lenta y casuística, la guerra dura hasta hoy.

Los operativos militares de 2007 fueron el inicio de una espiral de violencia que le ha costado al país cerca de 80 mil muertos y 22 mil desaparecidos, cifras cercanas a los 112 mil civiles muertos en Irak durante la segunda Guerra del Golfo (2002).

A su manera, México ha vivido una guerra civil: entre las bandas del crimen organizado, origen del mayor número de bajas, y entre estas bandas y las fuerzas de seguridad del Estado.

El Ejército y la Marina participaron en esa guerra en medio de un vacío legal. Asumieron tareas de seguridad pública para las que no estaban preparadas como instituciones, ni autorizadas expresamente por la ley.

Cumplieron tareas policiacas con métodos militares. La diferencia entre unas y otros quizá pueda resumirse del siguiente modo: la policía busca detener al delincuente, el Ejército busca abatir al enemigo.

Los excesos en el ejercicio de este último criterio, tienen hoy al Ejército en el principio de una tormenta de opinión pública, nacional e internacional, por violación de derechos humanos.

 

hector.aguilarcamin@milenio.com