Auditoría Ciudadana

Auditoría Superior

Hoy vece el plazo para que los suspirantes a ocupar el cargo de auditor superior del estado de Jalisco presenten su documentación tendiente a acreditar los requisitos exigidos en la convocatoria emitida por el Congreso del Estado. La sociedad está –por medio de diversas organizaciones sociales, entre ellas Jalisco Cómo Vamos, Tómala, Coparmex, Canaco, Jalisco en Pleno, Colegio de Contadores, Observatorio Legislativo ITESO, Haz tu Ley, entre otras–, muy al pendiente de que dicha designación sea imparcial y apegada a derecho y evitar que la Auditoria sea un botín político dedicada al lavado de cuentas públicas.

Debemos decir que precisamente, como señalaba el Dr. Diego Valadés, en la excelente presentación del naciente partido político Confío en México, nuestro país es la única nación de la OCDE que tiene gobernadores prófugos de la justicia por desfalco al erario, y eso se origina, precisamente, porque han fallado los controles necesarios para evitar esta situación, y ese control lo debe generar el órgano garante de la rendición de cuentas que es precisamente la Auditoría Superior.

En México y particularmente en el estado de Jalisco, en los últimos años, ha habido significantes avances en el marco legal y normativo de la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; no obstante, las instituciones carecen de una solidez que permitan a la sociedad investir en ellas su confianza.

Lo anterior se debe, no particularmente a la ausencia de un marco normativo integral y robusto, sino que existen insuficiencias que han propiciado la opacidad y corrupción.

Nuestro modelo institucional de auditoría no es el ideal, al contrario, aún existe un largo camino por recorrer para lo cual será indispensable que en el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se discutan con seriedad, imparcialidad y profundidad los instrumentos que deberán adoptarse en nuestra entidad federativa que permitan una mejor y más eficiente fiscalización de los recursos públicos que aporta la sociedad y sean aplicados correctamente en la gestión gubernamental, lográndose el mejor desempeño del aparato de administración pública, estas particularidades pueden subsanarse mediante la elección de un sujeto que encauce a la institución, pues de lo contrario, aún a pesar de contar con las mayores atribuciones o mejor marco legal, estaríamos ante un coloso de Rodas con pies de barro.

Motivo por el cual, quien resulte titular de la Auditoría Superior del Estado, deberá ejercer con completa probidad y profesionalismo su encomienda, máxime que esta institución es una piedra angular en los esfuerzos por combatir la corrupción mientras se implementan las medidas que garanticen un desempeño eficaz, lográndose mejores resultados de su gestión, atendiendo una estricta independencia de intereses políticos.

Es de toral importancia no justificar desvíos de recursos, menos en el contexto histórico y social que enfrentamos, en un país hundido en la pobreza en el cual hemos sido testigos de numerosos despilfarros por parte de nuestros gobernantes y en ocasiones, incluso, la comisión de delitos sin que se les impute responsabilidad alguna.

Otro factor clave, que más que jurídico es una cuestión de facto que impide una efectiva rendición de cuentas, es la estrecha red de compadrazgos que afectan la imparcialidad de la figura de la Auditoría y el propio Congreso, ya que la elección del titular del órgano se ha dado en el pasado atendiendo negociaciones políticas, las cuales no han sido transparentes frente a la ciudadanía. Por eso las cuentas públicas, lamentablemente, han sido objeto de botín político por varios lustros en los cuales la clase política en turno ha tenido injerencia en los resultados de las auditorías practicadas, utilizándolas como logros o trofeos comprados y, a modo de amenaza o represalias, se han canalizado fiscalizaciones a gobiernos de oposición.

Jesús J. Silva Herzog Márquez afirma que la democracia es el equilibrio de poderes, es el autogobierno de las regiones, es el sistema institucionalizado y competitivo de los partidos, es la autonomía de las organizaciones sociales, es el gobierno de la ley a través de la ley, y es el ejercicio del poder público en público.

No podemos pensar en un ejercicio de gobierno ajustado a las nuevas necesidades sociales y oportunidades que nos brinda la revolución tecnológica si el mismo no se realiza de manera pública, permitiendo a la ciudadanía un constante escrutinio del actuar de los gobiernos, a través de los mecanismos idóneos que garanticen una efectiva participación ciudadana que conduzca a la gobernanza.

hromero@correduria58.com