Auditoría Ciudadana

Hay que leer

Uno de los grandes problemas que tenemos los mexicanos es que no damos lectura completa a los documentos sobre los que muchos opinan. En días pasados se desató gran escándalo, ya que, según los cibernautas, la bancada del PRI había echado para atrás la llamada iniciativa #Ley3de3, llegando al extremo de querer quemar en leña verde a toda la bancada y más aún a algunos otros Senadores que no estuvieron presentes en esa gran afrenta al pueblo de México. Curiosamente uno de los primeros en iniciar el rumor, completamente infundado, fue el novel Presidente del PAN, sin reparar en que la principal afectación al proyecto original, fue una, que como la calificaron inclusive, de feliz ocurrencia, pero propuesta precisamente por su Partido, incorporando al empresariado como obligado.

Aquellos que estaban a punto de lanzarse desde el Castillo de Chapultepec envueltos en nuestro lábaro patrio, no tenían razón. Todo este escándalo mediático, por cierto, muy bien orquestado, y con una logística impecable, gira en relación a dos artículos de solo una de las leyes aprobadas.

Uno de los grandes males de nuestro país, es la corrupción, y por ello varias personas impulsaron una excelente iniciativa ciudadana para obligar al Congreso de la Unión, a estudiar el contenido de su iniciativa, dirigida a crear la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas. La respuesta del Gobierno Federal y de los Diputados y Senadores de todos los Partidos, excepto en muchos casos los opositodos de Morena, fue crear todo un sistema anticorrupción, que implicó desde una reforma Constitucional, la creación de la Leyes llamadas "General del Sistema Nacional Anticorrupción", "General de Responsabilidad Administrativa", reformas a las Orgánicas tanto de la Administración Pública Federal como del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa", a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de la Republica, además de generar reformas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Comité Ciudadano que estará muy de cerca a todos estos procesos para combatir la corrupción.

En cualquier país del mundo, todos los ciudadanos, independientemente del partido que fueren, estarían felices de contar, con un sistema que, como dijo el loco aquel, ni Obama lo tiene.

Lo aprobado es el inicio de un cambio mucho más complejo, ya que ahora las legislaturas de las entidades federativas lo replicarán. El Senado no causó ninguna afrenta a la iniciativa ciudadana al cambiar la obligación, de los servidores públicos, de presentar su declaración patrimonial, con la aclaración que el Código Fiscal de la Federación prohíbe hacer pública la información fiscal de cualquier persona, ya que el artículo 10 de la iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas señalaba: "10.- XIV.-....Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la Ley de la materia...". Se aprobó el siguiente texto: "Articulo 29.- Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, (ojo) salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución." entonces amigo lector, ¿usted encuentra en esos cambios motivo suficiente para tal escándalo en relación a este articulo? ¿quedo descafeinada?

Lo terrible, fue la pésima técnica legislativa para incorporar al sistema un articulo 32 con la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses a aquellos que sin ser funcionarios públicos reciban recursos públicos o presten servicios profesionales, con tan mala redacción que parecerían obligados a estas declaraciones aquellos que reciban apoyos gubernamentales como los de los programas sociales o becas de estudios, etc., pero sorpresa, la ley donde están insertos esos dos artículos entra en vigor hasta dentro de un año, según el artículo Tercero del Decreto, por lo que no hay necesidad de atrasar la promulgación de todo el sistema y aclarar lo del segundo artículo en los dos siguientes periodos de sesiones.

Otro artículo que no leyeron algunos, y ya se frotaban las manos, es el octavo Transitorio de la Reforma Constitucional Anticorrupción que establece que los Magistrados de los Tribunales Administrativos permanecerán en los tribunales de nueva creación por el tiempo que fueron nombrados.

Hay que leer, insisto.

hromero@correduria58.com