Auditoría Ciudadana

Comprobantes fiscales

Cuando el Presidente Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la propuesta de Reforma Fiscal para el ejercicio 2014 incluyó una importante adición al Código Fiscal de la Federación dirigida a neutralizar y sancionar a los contribuyentes que realizan fraudes tributarios a través de comprobantes fiscales.

Dicho esquema originalmente consistía en usar facturas o comprobantes apócrifos (falsos) con la finalidad de deducir para el Impuesto sobre la Renta y acreditar para el Impuesto al Valor Agregado, esto sin haber pagado las cantidades reflejadas en ellos y mucho menos haber recibido los bienes o servicios en ellos amparados.

El fisco implementó controles de seguridad y requisitos tendientes a evitar esa práctica, sin embargo los evasores fiscales regresaron al mercado con estructuras fiscales mucho más complejas, emitiéndole a sus clientes comprobantes fiscales auténticos y además amparados por flujos de dinero comprobables, aunque, como lo señaló el SAT, los conceptos que se plasmaban en los mismos carecen de sustancia o materialidad y la poca que pudieran tener no es proporcional a las cantidades amparadas por esos falsos comprobantes.

Cada día se sofisticaron más esas operaciones, en donde el que compraba esas facturas recibía la devolución del dinero amparado por la factura respectiva disminuida la comisión pactada con los traficantes de comprobantes. Esos comprobantes eran usados por las empresas para erosionar la base del Impuesto sobre la Renta y por ende la base del Impuesto al Valor Agregado.

Todos estos cambios se materializaron en la adición de un articulo 69-B al citado Código Fiscal de la Federación, estableciendo un procedimiento centrado en aquellos contribuyentes que realizan fraude al fisco a través de comprobantes falsos, sin embargo, también la autoridad en algunos casos exagera la situación en perjuicio de contribuyentes cumplidos, ya que no en todos los casos las empresas listadas como fraudulentas lo son.

Expliquemos cómo funciona este procedimiento: El SAT notifica a un contribuyente por su buzón tributario y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, que presumen que las operaciones por él realizadas son inexistentes, otorgándoles en un breve término su Derecho de Audiencia, permitiéndole desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a incluirlos en este supuesto.

Si no acredita a satisfacción del SAT que las operaciones por él realizadas son ciertas, este publicará una lista cuyo efecto es notificar que se presume que las operaciones por ellos amparadas no existieron y, por ende, esos comprobantes no deben producir en los compradores efecto fiscal alguno, y como consecuencia los contribuyentes que hayan dado efecto fiscal a los comprobantes fiscales deben proceder a corregir su situación fiscal mediante declaración complementaria incluyendo, sin lugar a dudas, el pago del impuesto más su actualización y recargos.

Esto no para ahí, ya que el uso de comprobantes falsos está tipificado como delito de Defraudación fiscal equiparable (109-IV) y si el contribuyente gastó o invirtió el dinero que le retornaron, resulta que está cometiendo otro delito más, llamado popularmente lavado de dinero cuyos supuestos los encontramos en el Código Penal Federal (400 Bis).

Todo mundo se dedicó durante años a vender facturas falsas y para disminuir la percepción de riesgo del comprador siempre les decían, estos grupos criminales, que estaban asociados con alguien muy poderoso del Gobierno federal o interno del SAT.

Suena bonito, sin embargo, supongamos que realice una operación real con un proveedor y el fisco simplemente no lo localiza o ya fue liquidado, luego entonces lo va a notificar por edictos, éste nunca se defiende y entonces aparece en la lista definitiva, y como consecuencia el comprobante fiscal ahora vale menos que el papel en que está impreso, y quien se tiene que defender de un crédito fiscal cuantioso es usted, quien además, no se dio cuenta porque simplemente su proveedor salió listado en el Diario Oficial de la Federación. Cuidado.

En otro tema, ya se complicó para el Congreso el intento de destitución de uno de los magistrados del Tribunal Administrativo (TAE), ya que existe jurisprudencia firme que señala que una resolución emitida por un órgano jurisdiccional estatal no puede ser materia del procedimiento relativo al juicio político y es precisamente en lo que se basa el dictamen que tuve oportunidad de ver en el Congreso.

Feliz Navidad a todos los lectores de MILENIO.

hromero@correduria58.com