Auditoría Ciudadana

BITCOIN

 Gran preocupación impera en el sistema judicial en Jalisco ya que la empresa Lion Mexico Consolidated LP (LMC), constituida en Quebec, dedicada a inversiones inmobiliarias demandó, en el marco del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, conocido como TLC a nuestro gobierno federal, por la friolera de 200 millones de dólares, y como dice la publicidad del Melate, más lo que se acumule esta semana; el motivo, las nefastas, a juicio de sus abogados, resoluciones judiciales, principalmente de nuestro Estado.

Dicha empresa venía invirtiendo, según dicen ellos, más de mil millones de dólares, hasta que se topó, con el promotor de vivienda jalisciense  Héctor Cárdenas Curiel, a quien otorgó tres créditos millonarios, dos de ellos para la adquisición de inmuebles en la zona del country club en Guadalajara y otro para la zona de desarrollo cercana a Puerto Vallarta. Dichos créditos se documentaron adecuadamente, ahora, que los canadienses demandan el procedimiento arbitral establecido en el propio TLC, señalan que cuando las empresas del empresario local incumplió sus pagos pactados y trataron de recuperar sus créditos, se encontraron con que el empresario había, a juicio de los canadienses, falsificado una serie de documentos donde constaba una reestructura de los créditos otorgados,  sin embargo cuando trataron de demostrar en juicio, ante nuestros tribunales la falsedad de dichos acuerdos de reestructura, los tribunales les han impedido, según su demanda, acreditar fehacientemente la falsedad de los mismos. 

Los que hemos padecido la justicia en nuestro Estado, no podemos jamás creer que narran pueda pasar aquí, dicen los canadienses en su demanda arbitral: “el proceso sufrió un grave retraso como consecuencia de la incapacidad de los tribunales para notificar las demandas a los deudores” y, escuche usted, “un juzgado de Jalisco declaró liquidados los préstamos y cancelados los pagarés”, pero “LMC nunca fue emplazada, ni intervino en dicho procedimiento, que se sustanció in absentia…” esto es, sin participar en el juicio. Derivado de esto los canadienses denunciaron por fraude a Héctor Cárdenas Curiel, y no obstante que estuvo detenido, fue liberado, dicen los canadienses, inexplicablemente. 

El citado TLC prevé procedimientos de protección a los inversionistas, por lo que será un Panel Arbitral quien resuelva si tienen razón los canadienses en su demanda, mientras ya andan muy preocupados algunos jueces, notarios y funcionarios judiciales, ya que en el procedimiento arbitral será, forzosamente evaluado su actuar, y la Secretaría de Economía, quien es la cabeza del ejecutivo federal a cargo de las relaciones con los firmantes del TLC presionará al inversionista inmobiliario y a las autoridades judiciales para resolver esto, antes de que la comunidad internacional se dé cuenta que en Jalisco, lamentablemente, como en un caso que me tocó vivir personalmente con un magistrados de la quinta sala no hay, a veces, seguridad jurídica. Si no se resuelve esto adecuadamente, quemón para Jalisco, y nuestro Secretario de Desarrollo Económico ni se preocupa por resolver éste y otros temas igual o más graves.

Otro tema que preocupa a nuestras autoridades fiscales y de lavado de dinero, es el auge que está teniendo en nuestro país y en el mundo entero, aunque se niegan a reconocerlo, las llamadas “criptomonedas”. Quizá a usted, amigo lector, no le diga mucho el término, son monedas virtuales que sirven para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema de transacciones electrónicas, sin necesidad de un intermediario, normalmente bancario y regulado; también se les denomina, criptodivisa, moneda electrónica, dinero virtual, dinero privado, etc. Los más comunes son los llamados “bitcoin”, sin embargo ya hay muchas más en circulación en la red de internet, como son el DarkCoin, Vertcoin, LiteCoin, DogeCoin entre otras.

El comercio evoluciona mucho más rápido que las legislaciones y México no es la excepción, la realidad supera mucho a la legislación y  nuestro país solo atinó a declarar que el Bitcoin no es una moneda de curso legal y que nuestras instituciones  financieras no están autorizadas a operar con ellos, pero por el número de descargas reportadas en la red, su utilización crece exponencialmente, y  dada la complicada forma de encriptar las operaciones, prácticamente es imposible conocer a las partes que intervienen en el intercambio de este tipo de divisas, ¿cómo lo regulará México?

 

hromero@correduria58.com