Auditoría Ciudadana

Auditoria Superior III

Se discute si el subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), Hugo Alberto Michel Uribe, puede ser o no candidato a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, personaje polémico que ha generado todo tipo de opiniones. Algunos, solo apegados al texto de la ley, opinan que sí es elegible, otros que no, porque él era colaborador del Gobernador en el Ayuntamiento de Guadalajara y ahora segundo a bordo, en la dependencia que maneja el ingreso y el gasto en el Gobierno estatal.

Sus detractores señalan que al ser parte del equipo cercano del gobernador y que en la realidad él "opera" la Secretaria de Finanzas, lo mandaron a la Auditoría Superior solo para cuidarle las espaldas a su jefe y resto del gabinete. Sus defensores argumentan que la "Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios", en su artículo 29 establece los requisitos para ocupar el cargo de Auditor Superior, qué funcionarios están excluidos y solo se excluyen los titulares de las Secretarías del despacho del Gobernador, Procurador General de Justicia (Fiscal), Magistrado del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, encargado de Hacienda municipal o titular de algún ente auditable durante los dos años previos a su designación, secretario del gabinete federal, Procurador General de la República, senador, diputado federal, entre otros. Luego entonces, al no ser titular de la Secretaría consideran que es elegible.

Veamos la naturaleza del cargo y usted, amigo lector, saque sus propias conclusiones. Definamos qué es la Auditoría, y podemos decir que el trabajo de auditoría tiene la finalidad de rendir una opinión profesional e independiente sobre los informes financieros de un ente. Los empresarios contratan auditores externos que den su opinión, ante terceros, de la razonabilidad de las cifras que arrojan los estados financieros de sus empresas, antes el fisco descansaba mucho en este tipo de informes. Luego entonces el auditor superior es un funcionario que contratamos los ciudadanos, por conducto de nuestros representantes llamados diputados, para que emita una opinión, profesional, técnica e imparcial, de los estados financieros y cuentas públicas de todos aquellos que reciban dinero del estado, así como su eficiencia y control presupuestal, incluyendo el grado de avance de sus proyectos.

Anotábamos que ese auditor, además de reunir una serie de requisitos profesionales y éticos, debe cumplir con una serie de principios inherentes al cargo destacando, precisamente, la independencia. Los Boletines de Normas y Procedimientos de Auditoría que regulan la actividad de los auditores financieros en México, señalan que estos no podrán actuar en aquellos casos en los que existan circunstancias que pueda esperarse que influyan sobre su juicio objetivo y, por consiguiente, reduzcan su independencia mental o en aquellos casos en los que las circunstancias puedan establecer en la mente pública una duda razonable sobre su independencia y objetividad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 establece como Principio Rector de los órganos de Auditoría Superior de los estados, junto con otros tres LA IMPARCIALIDAD, principio que retomó la Constitución estatal y la citada Ley de Fiscalización, por ende, los principios rectores deben ser seguidos no solo en el actuar del auditor superior o del órgano, sino también en la elección del mismo. La imparcialidad se define como la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.

Los principios rectores relativos a la imparcialidad, la confiabilidad, la legalidad, la honestidad, la independencia y la objetividad entre otros, deben y son aplicables a la persona que el Congreso elija como Auditor Superior. Después de estos antecedentes, amigo lector, ¿qué opina?

Felicitemos a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, en especial a su titular, Hugo René Ruiz Esparza, a los integrantes de las organizaciones civiles que trataron de lograr que en la elección que haga el Congreso no se repita un titular como el que se va –Tómala, Jalisco Cómo Vamos, Coparmex, Observatorio legislativo ITESO, y varios más–, su participación le dio seguridad a la aplicación del examen, el problema es que después interviene la política. Veremos cómo defienden esos principios el resto de los diputados.

hromero@correduria58.com