Articulista invitado

Acerca del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu

Un punto central es ¿por qué Carlos Salinas autorizó la campaña contra el PRI, cuando Mario Ruiz Massieu no tenía nombres concretos que validaran la hipótesis de que importantes “políticos priistas” estaban involucrados?.

No creo en las teorías de un “crimen perfecto”. Solo hay crimen perfecto, es decir, inextricable, cuando detrás de él está el poder del Estado (Sciascia), y éste no parece ser el caso; al menos no durante todo el proceso. En lo que sí creo es en el crimen “perfectible”. Carlos Puig anota, en sus artículos sobre el caso Ruiz Massieu (Nexos de septiembre, MILENIO), que la PGR le dijo al juez “que Raúl Salinas de Gortari había asesinado y enterrado clandestinamente a Manuel Muñoz Rocha con la ayuda de elementos del Ejército mexicano y (que) el ex presidente había premiado a esos militares por su ayuda en el delito”; añade que esa historia no la inventó un periódico ni un partido de oposición ni un periodista con fuentes privilegiadas, sino que “esa fue la teoría oficial, la única teoría que contempló con seriedad el Estado mexicano alrededor del asesinato, el 28 de septiembre de 1994, de quien estaba a ocho semanas de ser líder de la mayoría en la Cámara de Diputados y uno de los hombres más poderosos del país”.

Pero, ¿existió o no esa “ayuda” de elementos militares al servicio del hermano del presidente Salinas, si no para asesinar y enterrar a Muñoz Rocha, sí para otros menesteres conexos? Eso no lo aclara el autor.

“Poco a poco —concluye Puig— la teoría del gobierno mexicano se fue haciendo pedazos. Nada quedó de lo que el gobierno mexicano quiso probar, más que el ridículo de quienes lo propusieron”.

Pero el autor no se pregunta por qué “el Estado mexicano” no indagó ninguna otra teoría, ¿será porque al fiscal ninguna otra le pareció plausible? ¿O hubo alguna otra teoría que descubrieran, por ejemplo los reporteros, apareciera en los medios, o en las investigaciones, y no haya sido seguida por negligencia, temor o encubrimiento? Nada dice al respecto quien en ese tiempo era, precisamente, reportero de Proceso.

En cuanto a que de esta teoría solo quedó “el ridículo de quienes la propusieron”, ello no es totalmente exacto. ¿Qué quedó? Primero: existen numerosos testimonios de la animosidad entre Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu (se agredieron y bloquearon mutuamente cuando José Francisco era gobernador de Guerrero y Raúl Salinas director de Conasupo). Segundo: JFRM estaba a punto de convertirse en un político invulnerable, como presidente de la Cámara de Diputados, con lo que ello implicaba de amenaza a Raúl (“José Francisco Ruiz Massieu estaba destinado a ser un hombre fundamental en el sexenio de Ernesto Zedillo… por buenas o malas razones”, cita Puig el dicho reciente de un miembro del actual gabinete).

E Ignacio Pichardo, presidente del PRI en los tiempos del asesinato, da cuenta en su libro de un desparpajado comentario que le habría hecho el propio José Francisco Ruiz Massieu poco antes de su muerte: “Mi proyecto personal consiste, Nacho…, en ser líder de la Cámara de Diputados de septiembre a diciembre próximos; a partir de ese momento, secretario de Gobernación y, posteriormente, en su momento, candidato a la Presidencia de la República” (Proceso 1292). Esto es, si existía tal animosidad entre RSG y JFRM, el ascenso vertiginoso del segundo podría haber despertado algunos temores, fundados, en el primero.

Tercero: Muñoz Rocha sí era cercano a RSG; cuarto: las últimas llamadas —desesperadas— de Muñoz Rocha fueron a Raúl Salinas, cosa que Puig obvia; quinto: el doctor Manuel Espinosa Milo estuvo esperando a Muñoz Rocha por más de seis horas, en un restaurante de Las Lomas, en las inmediaciones de la casa de Raúl Salinas, como habían convenido, pero aquél nunca regresó; sexto: el carro Jetta con placas de Hidalgo que conducía Muñoz Rocha (y que pertenecía a Espinosa Milo) fue movido del lugar donde quedó estacionado por Raúl Salinas y su jefe de ayudantes; Justo Ceja, secretario privado del presidente Salinas, que era socio de Raúl en múltiples negocios, legales e ilegales, desde 1987 y hasta la fecha sigue prófugo (por cierto, Puig se mofa de la supuesta participación de Ceja en la “premiación” de Carlos Salinas a los militares de la escolta de Raúl, pero no aclara si tal ocurrió o no). Finalmente, Raúl Salinas fue incriminado de ser el autor intelectual del crimen por varios testigos, aunque ninguno lo acusó directamente.

Muy conveniente para la causa de la defensa ha sido que, hasta la fecha, también estén desaparecidos, además de Manuel Muñoz Rocha, Jorge Anastasio Stergios, visitador de la PGR y hombre de confianza de Mario Ruiz Massieu (el que le depositaba millones de dólares en un banco texano); Justo Ceja, secretario particular de Carlos Salinas y presunto suministrador de recurso para los complotistas; el doctor Manuel Espinosa Milo, la última persona con la que estuvo Muñoz Rocha, y María Bernal, ex novia de Raúl Salinas, quien aportó información sobre las cuentas (de RSG) en bancos extranjeros (El País, junio de 2005).

Recordemos: de acuerdo con la declaración ministerial del mayor Antonio Chávez Ramírez, el 29 de septiembre de 1994, ya casi a las 12 de la noche, Salinas le pidió al mayor Chávez Ramírez que lo acompañara y ambos salieron a bordo de una camioneta Cherokee.

El militar dijo que: “tomó la calle de Apalaches de sur a norte, cruzando Alpes y dando vuelta por el otro lado de la barranca, a la altura de Sierra Tarahumara; regresó por la calle de Alpes y, una vez estando a la altura nuevamente de Montes Apalaches y Alpes, Salinas detuvo la camioneta detrás de un vehículo marca Jetta, color blanco, que se encontraba estacionado sobre Alpes”.

En ese momento, Salinas le habría indicado a Chávez en forma textual: “Tenga estas llaves, llévese ese vehículo y me sigue, pero póngase esto en las manos”. Raúl le ofreció a su jefe de escoltas un par de calcetas cortas, de color claro, y le indicó que “no se fijara en el número de placas del vehículo Jetta”.

De acuerdo con esta declaración, ese vehículo era el mismo en el que Manuel Muñoz Rocha y su compadre Manuel Espinosa Milo se trasladaron de Pachuca al Distrito Federal, pues a pesar de que el mayor siguió las instrucciones de su jefe, “sí se percató de que eran placas del estado de Hidalgo”.

Chávez condujo el Jetta hasta la calle de Palo Alto, “a unas tres o cuatro cuadras del Deportivo del Estado Mayor Presidencial”. Ahí lo dejó e, inmediatamente, abordó la Cherokee de Raúl y le entregó las llaves y las calcetas que utilizó como guantes.

Al paso del tiempo, cuando se enteró de que el Jetta era de Espinosa Milo y que en él había viajado Muñoz Rocha, al mayor Chávez “lo invadió un gran temor, pues dedujo que su jefe estaba involucrado en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y en la desaparición de Manuel Muñoz Rocha”.

El juez Ojeda Bohórquez calificó como creíble el argumento de que el mayor Chávez guardó silencio sobre la desaparición del vehículo —de Espinosa Milo— por temor al poder de Carlos y Raúl Salinas (recuérdese que cuando estos hechos ocurrían, Carlos Salinas aún era Presidente de la República).

Pero a Puig este mismo argumento, el temor de un simple mayor del Ejército ante las posibles reacciones del Presidente de la República y su poderoso hermano, le parece poco creíble, deleznable.

Pero al juez Ojeda Bohórquez lo que más lo sorprendió fue el hecho de que ni el acusado ni la defensa solicitaron el careo con el mayor Chávez Ramírez, a pesar de las imputaciones directas que le había hecho; sorpresivamente, el 28 de abril de 1998 (Raúl Salinas) solicitó el cierre de instrucción…

“Esta actitud presurosa de que se cierre la instrucción y de no solicitar careos con uno de los testigos directos, inclina el ánimo del juzgador —dice Ojeda—, como en todos los casos en general, a pensar que el acusado es culpable, precisamente por no procurar un careo con quien le imputa conductas ilícitas. Esta actitud del acusado también hace presumir al suscrito que aquél tuvo temor de enfrentar a un testigo que le imputó un hecho veraz y trascendente”.

Recuerda el juez que la única ocasión que estuvieron frente a frente Raúl Salinas y el mayor Chávez, “Raúl Salinas de Gortari guardó silencio, situación que crea en el ánimo del juzgador la certeza de que el acusado es responsable de esa imputación que le hace Chávez Ramírez”.

En el libro donde intenta justificar y explicar los hechos de su mandato, Carlos Salinas sostiene versiones poco verosímiles: por ejemplo, que “pronto se supo que Muñoz Rocha nunca tuvo una amistad cercana con Raúl” y también que Mario Ruiz Massieu “nunca fue acusado por la PGR de haber encubierto a Raúl ni tampoco de haber promovido que se eliminara su nombre de la indagatoria”.

El presidente Zedillo me comentó (a mediados de 1996) que los casetes con declaraciones ministeriales de los detenidos donde surgía el nombre de Raúl se habían “perdido” misteriosamente durante la gestión de Mario Ruiz Massieu (cuyo comportamiento como fiscal del caso de su hermano no pudo ser más extraño, ilegal y retorcido), aunque posteriormente aparecieron.

Un punto central sigue siendo, ¿por qué Carlos Salinas autorizó de hecho la campaña contra el PRI, cuando Mario Ruiz Massieu no tenía nombres concretos que validaran la hipótesis de que importantes “políticos priistas” estaban involucrados en la muerte de José Francisco? ¿Por qué Salinas escogió el camino de la petición de licencia para Muñoz Rocha y no el desafuero? ¿Temía algo de este procedimiento?

Por otra parte, en la investigación nunca surgió la existencia de móviles reales, por los cuales el diputado Muñoz Rocha tuviera razones para querer matar a José Francisco Ruiz Massieu. No había ninguna relación directa entre ellos. De lo que se desprende que Muñoz Rocha le estaba haciendo el “servicio” a alguien más, a un tercero, a alguien con un poder equiparable o superior al de la víctima, por definición.

Señala Carlos Puig que la esposa de Muñoz Rocha pudo cobrar finalmente el cheque por medio millón de pesos que estaba a nombre de su esposo, que un juez ordenó por dos ocasiones al banco que diera el nombre del emisor, lo que el banco nunca acató, pero, ¿no podía el juez de marras acusar al banco de desacato en un tema tan importante? Lo que nos lleva al punto: ¿cuántos y en qué niveles se confabularon para que este asesinato quedara impune? No está de más señalar que el Poder Judicial aceptó la demanda de la viuda de Muñoz Rocha de dar por muerto a su esposo, a fin de que ella pudiera tomar posesión de sus bienes.

Dice Puig en sus conclusiones: “Así es: la Procuraduría General de la República le dijo a un juez que el ex presidente de México personalmente había premiado a militares mexicanos por encubrir un asesinato cometido por su hermano”.

Pero aquí no importa tanto —supongo— lo que la PGR le haya dicho a un juez, ni la investidura (sic) de los personajes involucrados; lo que importa es si esa acusación tenía visos de veracidad o no, si influyó y de qué modo en la sentencia, y qué es lo que el juez concluyó al respecto. Todo lo demás es asombro literario.

Y, por cierto, ¿con qué reputaciones arrasó el Estado mexicano (sic) para borrar del mapa el rastro de un sexenio (sic)? ¿Qué le hizo a la reputación de la víctima (JFRM, no MMR) el Estado mexicano? Pues si hablamos del Estado como tal es inevitable pensar, cuando menos, en los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, actuando concertadamente para un fin determinado. ¿Eso fue lo que ocurrió en este caso?

Concluyo: no hubo crimen perfecto, aunque solo sea por el hecho de que quedaron muchos cabos sueltos; lo que sí hubo es una vuelta de tuerca más a la proverbial impunidad mexicana…