Doble mirada

La omisión grave del Informe

La expectativa de un capítulo del mensaje con más detalles sobre cómo se instrumentarán las reformas a partir de las dificultades reales que ya se han manifestado no se concretó.

El mensaje de Enrique Peña Nieto con motivo de su segundo Informe de gobierno era predecible. La primera parte dedicada a resaltar y exaltar las reformas aprobadas por el Congreso por representar un cambio cualitativo de rumbo, que pone a “México en movimiento”, al borde de un futuro promisorio. Por fin un gobierno que sabe hacer política para conseguir acuerdos y transformar el rostro del país.

Nadie puede honestamente regatear el enorme logro del gobierno de la República (pero en sentido amplio, es decir, Ejecutivo y Legislativo, gobiernos y legislaturas estatales) y de la oposición, por haber realizado los cambios constitucionales y legales que posibilitan transformaciones sustanciales, principalmente a la economía, la política y la educación. 

La segunda parte del mensaje presidencial recurrió al mismo modelo utilizado invariablemente por la mayoría de los presidentes mexicanos, cuando de informes de gobierno se trata: reseñar y valorar los logros obtenidos (que siempre los hay) y obviar los errores cometidos (nula autocrítica). Sin demeritar los avances, el desbalance en el discurso entre la exaltación de logros y la ausencia de fallas y omisiones (el incumplimiento de las metas de crecimiento por ejemplo) y la grave problemática que enfrentan los ciudadanos, es la fórmula perfecta para restarle credibilidad al discurso.

El mensaje final prometió un crecimiento económico más acelerado y sostenible gracias a la reforma energética, y un México más incluyente gracias a la sola voluntad transformadora del gobierno y de los mexicanos, cambios que serán posibles gracias a las reformas estructurales aprobadas. La expectativa de un capítulo del mensaje con más detalles sobre cómo se instrumentarán las reformas a partir de las dificultades reales que ya se han manifestado (resistencias de la CNTE, déficits de cuadros profesionales, inseguridad grave en estados donde habrá proyectos petroleros, falta de agua para la extracción de gas lutita, ausencia de mecanismos eficaces contra la corrupción, por mencionar algunas) no se concretó.

No hay lugar común más repetido por analistas, empresarios, funcionarios y políticos que la relevancia de una instrumentación eficaz y transparente de los cambios legales, como condición necesaria y suficiente para que el beneficio potencial de las reformas se haga realidad. No obstante, en ese aspecto el mensaje presidencial se quedó muy corto. Solo promesas muy generales y frases bonitas. Omisión grave.

La forma como se concretan las reformas puede, según una analogía planteada hace tiempo por el senador Manuel Camacho, convertir a México en una Noruega con arcas públicas llenas y bien fiscalizadas, políticas sociales y económicas realmente incluyentes y un Estado democrático fortalecido (si se hacen bien las cosas) o en una Rusia llena de mafias, monopolios en manos de políticos y sus amigos, corrupción por todos lados y un Estado autoritario (si se hacen mal). Está en nuestras manos ir por uno u otro camino. La diferencia la harán, por un lado, las políticas concretas que acompañen a las reformas y, por el otro, la eficacia de instituciones que en México son muy débiles o se han quedado a medio camino de su construcción.

Menciono como ejemplo cuatro políticas que hará falta adecuar para que los proyectos energéticos se hagan bien: formación de capital humano en todos los niveles y en muchas áreas (ingenieros, abogados, obreros especializados, geólogos, ambientalistas, etcétera), programas especiales de seguridad pública en estados como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco; política para el uso de agua que garantice el abasto y concilie intereses entre perforadores de pozos de gas y productores agropecuarios; justicia agraria eficaz y expedita para dirimir conflictos entre campesinos y compañías petroleras.

Las instituciones que hará falta fortalecer son por lo menos tres: los órganos reguladores (CRE, CNH; Ifetel, Cofece, etcétera); las aún inexistentes instituciones contra la corrupción y las responsables de la procuración y administración de la justicia. Así como se gestó el Pacto por México, debiera crearse otra instancia que apoye y supervise la instrumentación de las reformas. Es un tema demasiado serio para dejárselo solo al gobierno y a los políticos.