Doble mirada

No se les olvide el 108

Si bien nos va, y al gobierno y a los legisladores no se les acaba la voluntad política, es posible que al final de este año México tenga una nueva normatividad anticorrupción. Esperemos que el Senado sí incorpore cambios al artículo 108 de la Constitución.

Una buena noticia. La Cámara de Diputados aprobó el sistema anticorrupción. Se tardaron cuatro meses. Concedamos que para los estándares de nuestro país es un tiempo razonable. Sin embargo, apenas es la primera de varias batallas para tener un nuevo marco normativo en la materia. Falta que el Senado también lo apruebe y luego que los cambios constitucionales sean respaldados por lo menos por 16 congresos estatales. Después se tendrán que elaborar, discutir y aprobar las leyes reglamentarias.

Si bien nos va, y al gobierno y a los legisladores no se les acaba la voluntad política en los próximos meses, es posible que al final de este año México tenga una nueva normatividad anticorrupción. Esperemos que el Senado sí incorpore cambios al artículo 108 de la Constitución, para que al Presidente de la República se le puedan imputar no solo traición a la patria y delitos graves del fuero común, sino también “responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”, tal como se le puede imputar a los gobernadores. (Observación de un buen amigo que tiene toda la razón.)

Pero no se emocione, pues como todo mundo sabe, las leyes no cambian la realidad. Falta aplicarlas y para ello se requiere que las dependencias responsables funcionen bien. Algunas de las instituciones consideradas en el sistema anticorrupción aún no existen (como la fiscalía anticorrupción o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) y otras (la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación) requieren de adecuaciones que les tomará tiempo realizar. Seamos optimistas en el cálculo y asumamos que tanto el nuevo marco legal, como las instituciones responsables de aplicarlo, estarán listos y operando dentro de 18 meses.

Considerando los siglos que llevamos de impunidad en esa materia, pudiéramos pensar en positivo y creer que un año y medio es poco, pues se está dando un gran paso para disminuir la corrupción. Sin embargo, en esos 540 días faltantes los asaltos a las arcas públicas pueden ser muchos y graves. La revisión de la cuenta pública de 2013, hecha por Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó en 9 mil observaciones irregularidades (no necesariamente acciones ilegales) por un monto total de 56 mil millones de pesos diarios. Si se dividen esas cantidades entre 365 días del año, durante 2013 cada día se registraron 25 acciones “poco claras” (motivo de observaciones) y cada día se “mal usaron” 154 millones de pesos.

Nueve mil casos de probable corrupción al año son muchísimos y por lo menos 150 millones de pesos de uso dudoso cada 24 horas es una salvajada. ¿Cómo conocerlos, denunciarlos y darles seguimiento desde la sociedad? Es una tarea imposible, incluso sumando a todos los medios de comunicación. A la denuncia 500, por poner un número, la gente se comenzaría a hartar y los medios dejarían de publicarlos pues ya no serían noticia. Además, tantas corruptelas, con tantos nombres y cifras apareciendo todos los días (25 diarias), al mes ya nadie se acordaría del escándalo de hace tres semanas; y si el criterio de las autoridades para actuar es el impacto mediático, pues nadie acabaría en la cárcel.

La sociedad tiene que exigir transparencia y rendición de cuentas, pero sin un sistema de instituciones estatales que identifique, investigue y sancione la corrupción, pero también que la prevengan y la reduzcan, difícilmente avanzaremos. Bienvenido el primer paso.