Doble mirada

Una lección para lo que viene

Frente a la violencia y la degradación de la vida social que ha generado el crimen organizado (incluido el que opera desde dentro del Estado), la respuesta es construir el estado de derecho.

En el sexenio anterior, con grandes dificultades y no mucho éxito, el gobierno trató de convencer a la sociedad y a la clase política de que el crimen organizado debía ser considerado como un problema prioritario, el cual requería de una respuesta amplia y profunda de todo el Estado. Reducir la violencia (que se expresaba ya en decenas de miles de asesinatos) provocada fundamentalmente por los conflictos entre las diversas organizaciones del narcotráfico, requería una solución estructural: reconstruir y fortalecer la cadena institucional responsable de la seguridad y la justicia.

Esta visión enfrentó una resistencia de amplios sectores sociales y de los partidos de oposición con dos argumentos. El primero, sostenido especialmente por la izquierda, afirmaba que no se trataba de un problema real, sino de uno inventado por el Presidente para legitimar su presidencia, debido al escaso margen de su triunfo en la elección de julio de 2006. No es extraño, por tanto, que dos de los estados con mayor presencia y penetración del crimen organizado, Michoacán y Guerrero, hayan sido gobernados por la izquierda.

El segundo argumento utilizado era que la causa de la violencia e inseguridad fue la estrategia del entonces presidente Calderón que “pateó el avispero”, y no el empoderamiento desmesurado del crimen organizado (que pasó de sobornar policías a apoderarse de municipios enteros) y su evolución en verdaderos ejércitos de la muerte: en el sexenio pasado se les decomisaron más de 150 mil armas, suficientes para equipar con una pistola y un AK 47 a 75 mil soldados, más que todos los miembros de los ejércitos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica juntos.

El sesgo ideológico y partidista del argumento llevó a los críticos a achacar al Presidente, al gobierno y al Estado de manera indistinta la causa y responsabilidad de los “100 mil” homicidios y de los “27 mil” desaparecidos. Para muchos, el enemigo ha sido el Estado represor y neoliberal, nunca las organizaciones criminales.

Esto viene a cuento porque ahora que se prepara una iniciativa en la materia es importante aprender la lección del pasado para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Esa triste lección es que, a pesar de la evidencia, no fue posible crear una visión unificada sobre la gravedad y naturaleza de la inseguridad. Y si no existe esa visión compartida, no habrá voluntad política de cumplir ningún acuerdo. Nos tardamos ocho años en convencernos de que este país tiene un problema muy grave, tanto por el poder tan grande del crimen organizado, como por la debilidad de las instituciones que hacen posible el estado de derecho.

Sin embargo, ese convencimiento aún no es total.  Todavía hay grupos que insisten en que el Estado es el asesino, el enemigo, y que la solución consiste en la renuncia del presidente Peña Nieto (como si él fuera el Estado y su dimisión solucionara todo) y para hacer deseable ese escenario, recurren a la violencia. La misma ceguera y deformación ideológica de hace ocho años de una izquierda “radical”, miope y populista (el populismo, según Fernando Savater, es la democracia de los ignorantes, que en vez de soluciones solo busca venganza).

En lo personal he sostenido la existencia de la corrupción y complicidad de algunas de las instituciones políticas y policiacas con el crimen organizado y de miembros de muchas otras. Pero también creo que no solo no todo el Estado mexicano está podrido, sino que tiene las capacidades para transformarse. Frente a la violencia y la degradación de la vida social que ha generado el crimen organizado (incluido el que opera desde dentro del Estado), la respuesta es construir el estado de derecho, es decir, garantizar que absolutamente nadie y mucho menos los políticos, empezando por el Presidente, estén por encima de la ley.

Sin estado de derecho, la democracia se vuelve coartada de poderes fácticos, incluyendo al narcotráfico, y el servicio público, botín de políticos corruptos. Sin democracia, el Estado se vuelve dictadura. Esperemos que el gobierno federal comparta la tesis de que el estado de derecho debe tener la misma prioridad que las otras reformas estructurales y actúe en consecuencia. Visión común, voluntad política y prioridad presupuestal.