Doble mirada

¿Qué sigue?

Las diversas expresiones del enojo social de los primeros días del año —marchas, bloqueos, vandalismo, redes sociales iracundas— provocadas por un cúmulo de errores gubernamentales, de los cuales el manejo del gasolinazo es el último, han puesto de manifiesto la fragilidad de la gobernabilidad del país. Por fortuna, cuando la pradera parecía incendiarse por completo, el fuego se contuvo. Ha sido un aviso serio de que México podría entrar en una severa crisis, en un periodo grave de ingobernabilidad.

La situación del país es delicada en extremo. Cuatro grandes riesgos para la gobernanza. Uno, la economía genera riqueza insuficiente y además la distribuye muy inequitativamente y su tendencia es a la baja. Dos, la inseguridad y la violencia van al alza sin que las instituciones responsables tengan los recursos para enfrentarla adecuadamente. Tres, la clase política goza de un gran descrédito y una lejanía de sus representados, gracias, entre otras cosas, a su intenso afán por apropiarse sin recato, legal o ilegalmente, de los recursos públicos; la corrupción como el cáncer que carcome a la política y a la democracia. Cuatro, Donald Trump amenaza con replantear por completo la relación bilateral en todos sus órdenes, lo cual sería un severo golpe para la débil economía, la migración y la seguridad. En otras palabras, Trump podría catalizar los riesgos internos de gobernabilidad.

Para completar el mapa de riesgos es necesario considerar dos más. Una sociedad sin confianza en las instituciones públicas y muy enojada, de la cual una minoría, como lo vimos en estos días, está dispuesta a llevar al país al caos y a la anarquía aprovechando y manipulando la justificada indignación del resto. Pero el riesgo más peligroso de todos es el sexto: un gobierno que ha mostrado una enorme incapacidad para lidiar con los cinco riesgos anteriores. Problemas siempre los hay; no saber enfrentarlos es lo grave.

Después de la aprobación de las reformas estructurales y la disolución del Pacto por México (septiembre de 2014), la administración de Peña Nieto ha demostrado una enorme ineptitud y torpeza en el manejo de los asuntos más sensibles para la opinión pública: Ayotzinapa, corrupción, finanzas públicas, inseguridad. El gasolinazo fue el último ejemplo de cómo no hacer las cosas: sin planeación ni comunicación, sin explicaciones ni medidas complementarias y, para rematar, un pacto apresurado y sin sustancia.

Desearía no ser tan pesimista, pero cuando quien está encargado de liderar y coordinar los esfuerzos del gobierno, de la sociedad y del mercado para sumar recursos y trabajo en la solución de los problemas, no ha demostrado eficacia ni habilidad en la solución de los problemas, las perspectivas no pueden ser optimistas. El margen de maniobra presupuestal y político del gobierno es muy reducido y su cerrazón a realizar los cambios de equipo y de políticas que la realidad reclama, hace pensar en un escenario de gobierno inercial, como si la gravedad de los problemas y los riesgos fueran ordinarios. El riesgo de que el gobierno sea rebasado no es menor.

Si los partidos de oposición creen que el enojo social es solo contra el gobierno y ellos pueden aprovechar la explosiva situación con fines electorales, también serán rebasados. Urge una actitud y una visión responsable de la oposición y de la sociedad civil organizada para darle cauce a la protesta social y traducirla en participación organizada en la solución de los problemas, no para exacerbar los ánimos y destruir el resto de la gobernabilidad. El problema no es del gobierno, aunque él sea una de las principales causas. Todos vamos en el barco y todos nos podemos hundir.