Doble mirada

A favor del pacto, en contra del atole

Lo urgente es retomar con mayor seriedad, con base en los errores y logros previos, con perspectiva de Estado y no de gobierno, la reconstrucción de las instituciones. No será fácil ni rápido, pero no hay atajos. No más atole con el dedo.

Tiene mucha, pero no toda la razón Carlos Puig en su crítica a los pactos (publicada ayer en MILENIO), pues la capacidad de la clase política de darnos (y darse) atole con el dedo es proverbial. Y aunque el problema de gobiernos y partidos que incumplen y engañan no se limita a los pactos, sino a la aplicación de casi cualquier política pública, es necesario revisar con la mayor seriedad las alternativas disponibles de acción frente a la gravedad de la inseguridad y la debilidad del estado de derecho. De ello depende qué se haga al respecto.

En primer lugar, debe identificarse la naturaleza del problema, pues si éste se soluciona con una política pública a cargo del gobierno federal, no tiene sentido convocar a un acuerdo nacional a medio mundo. Sin embargo, ese no es el caso del fenómeno que nos ocupa. Es ampliamente reconocido que para garantizar la seguridad ciudadana y la aplicación adecuada y sistemática de la ley es indispensable la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión. Y aunque la responsabilidad de ello es fundamentalmente estatal, también se sabe de la importancia de la participación de la sociedad. Por desgracia o fortuna, no se pueden inventar hilos negros.

Frente a ese hecho, hay dos alternativas. La primera es que cada uno de los involucrados decida de manera independiente qué hacer, cuándo y cómo (e incluso que algunos decidan no hacer nada) o la otra es definir de manera conjunta, a partir de una propuesta del jefe del Estado, una estrategia común. Un acuerdo del Estado. Es obvio, que por más experiencias negativas que se tengan de los pactos nacionales, la segunda opción es la menos mala. Y aún así es comprensible el escepticismo.

Pues el riesgo de convertirnos en Sísifo, que carga una y otra vez la roca cuesta arriba y se le rueda hacia abajo una y otra vez, es real. ¿Cedemos y dejamos que los gobernantes hagan lo que quieran o incluso se desentiendan del problema, o buscamos mecanismos que faciliten el cumplimiento y eleven el costo del incumplimiento de los acuerdos? En Historia del Narcotráfico en México le dedico un capítulo a revisar las razones por las cuales los avances y logros del Acuerdo por la Seguridad, firmado en agosto de 2008, fueron insuficientes y disparejos, pero algunos muy relevantes. No todo es atole con el dedo.

Entender la lógica de la instrumentación de un acuerdo cuyo objetivo debe ser, al igual que hace seis años, la reconstrucción de toda la cadena institucional de la seguridad y la justicia, es fundamental para avanzar lo más rápido posible. Básicamente se trata de un proceso de cuatro componentes: voluntad política; gestión eficaz y coordinada en la instrumentación de las acciones; incentivos para premiar cumplimientos y sancionar omisiones y, mecanismos eficaces de supervisión y monitoreo por parte de la sociedad civil.

Hace seis años, las dificultades comenzaron con la escasa voluntad política para cumplir, producto de la ausencia de una visión común de la importancia del problema. Había quienes no creían que el crimen organizado y la inseguridad fueran un problema real (se decía que se le inventó para legitimar al gobierno) y, por tanto, no les importó cumplir. Ahora existe una mayor conciencia de la relevancia del fenómeno.

En cuanto a la gestión de las acciones, los problemas fueron innumerables —capacidad instalada escasa, presupuesto insuficiente, problemas de coordinación, etcétera—, no obstante, muchos se superaron, otros no. Los avances alcanzados pueden ser un mejor punto de partida (por ejemplo, la reforma del sistema de justicia penal o los centros de control de confianza). Los mecanismos para sancionar e incentivar fueron insuficientes y aunque el esfuerzo de las organizaciones civiles para monitorear el cumplimiento de los acuerdos fue relevante, no tuvo el impacto deseado.

Pese al riesgo señalado por Puig, ya sea bajo otro acuerdo o algo diferente, lo urgente es retomar con mayor seriedad, con base en los errores y logros previos, con perspectiva de Estado y no de gobierno, la reconstrucción de las instituciones. No será fácil ni rápido, pero no hay atajos. No más atole con el dedo. Se lo debemos a las miles de víctimas que pudieron y debieron no ser.