Doble mirada

La estrategia ausente

Arreglar Michoacán implicará un esfuerzo sistemático y prolongado en muchos ámbitos y un trabajo coordinado de miles de personas de numerosas dependencias.

La persistencia, gravedad y complejidad de la situación que vive Michoacán ha sido el factor que terminó por convencer a muchos de que la problemática asociada a la expansión y fortalecimiento del crimen organizado, especialmente el dedicado al narcotráfico, trastoca de tal manera  la política, la economía y la sociedad que no puede no ser prioritario en la agenda nacional. El problema no se reduce a los 20 municipios de Tierra Caliente. Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Veracruz y algunas zonas del Estado de México no están lejos. Sin seguridad ciudadana ni estado de derecho, los límites y las posibilidades del desarrollo del país serán muy estrechos.

Además ha quedado claro que no hay soluciones fáciles ni rápidas. La relativa calma alcanzada en estas semanas, producto de la presencia masiva de las fuerzas federales, del obligado y obvio repliegue de los Templarios y del inicio de un proyecto de intervención coordinado por un comisionado necesariamente temporal y transitorio, aún está lejos de ser la solución definitiva.

Arreglar Michoacán implicará un esfuerzo sistemático y prolongado en muchos ámbitos —seguridad, reconstrucción institucional, desarme y reinserción social y legal de las autodefensas, desarrollo social y económico, etcétera— y un trabajo coordinado de miles de personas de numerosas dependencias. Por tanto, ningún evento por relevante que sea —por ejemplo, la detención de La Tuta— significará que el problema quede superado. Si eso llega a ocurrir —y ojalá y suceda pronto— no se vaya con la finta; solo será un paso, importante sin duda, pero un paso más.

El problema de fondo detrás de todo el horror de Michoacán; de los más de mil 200 asesinatos mensuales; de los siete secuestros diarios; de las incontables extorsiones; de las decenas de miles de encarcelados sin juicio y de las cárceles convertidas en centros de operación y formación del crimen organizado; de los moches que piden diputados a los alcaldes por darles más presupuesto; de los líderes sindicales enriquecidos hasta la médula; de los gobernadores que no rinden cuentas; de la facilidad con que la economía queda controlada por unas cuantas empresas, el problema detrás de todos estos fenómenos se llama debilidad del estado de derecho. Un estado de derecho fuerte, legítimo, vigente, real es el instrumento democrático para derrumbar privilegios, para someter los intereses particulares al interés público.

Y resulta que el estado de derecho no se construye de la noche a la mañana. Los anuncios y eventos de ocho columnas ayudan a los gobiernos a ganar tiempo y un poco de credibilidad de la opinión pública, pero lo que realmente cuenta es el trabajo ordenado, permanente y sistemático de fortalecimiento de las instituciones (marco legal, policías, ministerios públicos, juzgados, cárceles) y de promoción de la cultura de legalidad entre la ciudadanía, a partir de una visión y un diseño estratégicos.

Es una lástima que el Pacto por México no haya considerado este tema como una prioridad. No es que no haya incorporado algunos compromisos relacionados con la seguridad y la justicia; los hay, pero lo que no existe es un diseño completo y estratégico para actualizar el aparato normativo, para fortalecer las instituciones que lo aplican y para fomentar entre la sociedad una cultura de obediencia de la ley.

En medio de ese panorama poco esperanzador, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el nuevo Código de Procedimientos Penales para todo el país. Es un paso fundamental para dar cumplimiento a la reforma del sistema de justicia penal aprobada en 2008 y que debe entrar en vigor en 2016. Según Ana Laura Magaloni, experta en este tema, el nuevo código pone a México a la altura de los mejores ordenamientos legales en la materia. Sin embargo, para que esa nueva norma sea realidad hace falta que las policías ministeriales sean transformadas y reeducadas a fin de que puedan ponerlo en práctica. Pequeño detalle.

Y es ahí, en las tareas de fondo, laboriosas, difíciles de cumplir, no vistosas, donde nuestros gobernantes suelen fallar por no considerarlas prioritarias. Prefieren las notas de ocho columnas y los anuncios espectaculares.