Doble mirada

De la estadística a la sobremesa

Para Ana, que hará mucho
por el estado de derecho.

Detrás de las estadísticas crecientes de la inseguridad —20 meses seguidos con incremento de homicidios, secuestros y extorsiones al alza, más robos de vehículos, etcétera— siempre hay personas y violencia. En algunos casos los medios nos presentan imágenes terribles —los restos calcinados de los vehículos militares donde murieron cinco soldados y 11 quedaron heridos o el video de los jóvenes asaltando coches en pleno Periférico— que permiten hacerse una idea de la violencia utilizada. En otros, la estadística se traduce en fotografías e historias de las víctimas —María del Villar, ciudadana española, y Karen Esquivel, estudiante de 19 años, las dos secuestradas y asesinadas recientemente— que permiten asomarnos ya no a números fríos, sino a tragedias personales y familiares, a vidas truncadas injusta y absurdamente.

Si de cada asesinato, secuestro, robo y extorsión tuviéramos imágenes e historias personales —como las que en muchas ocasiones narra Héctor de Mauleón en sus columnas de El Universal—, caeríamos en la cuenta de que el poder destructor de la violencia es un fenómeno cada vez más cotidiano y cercano. Destructor no solo porque deshace la vida y el patrimonio de las víctimas y sus familias, sino que destruye los cimientos de la vida en común en la medida en que el miedo y la desconfianza de los otros se instala en el centro de la sociedad. Parece que estamos regresando a fines de los 90, cuando en todas las reuniones sociales y sobremesas el principal tema era el relato del secuestro, el robo, el asesinato de un amigo, de un pariente.

Así, la inseguridad y la violencia están dejando de ser un fenómeno estadístico de atención únicamente de los especialistas, para volverse, de nuevo, un tema de preocupación central de la gente común y corriente. Ya no solo son los estados violentos tradicionalmente —Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz— ahora también son la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Colima... La encuesta de victimización de este año revela que 73% de los ciudadanos se siente inseguro, 6 puntos más que en 2012.

No me importa parecer disco rayado. El problema se agrava por la indiferencia de los gobiernos frente al problema. Mientras proliferan las bandas criminales cada vez más violentas y deshumanizadas —señal inequívoca de que los delincuentes están seguros de la inoperancia creciente de las instituciones de seguridad y justicia—, el gobierno federal sigue sin armar una política integral e inteligente para frenar la ola de violencia. El secretario de Gobernación está más interesado en innovar la comunicación de su persona (no la de la Secretaría) en las redes sociales —nuevo eufemismo de un autodestape para la carrera presidencial— que en atender en serio el problema de la inseguridad. Muchos gobernadores y presidentes municipales andan en la misma tónica: desentendidos y arrastrando policías ineficaces y/o coludidas con el crimen organizado.

Le faltan dos años a este gobierno y, aunque la sociedad se desespere y le exija acciones, pareciera que persistirá la ausencia de voluntad política (el presupuesto para 2017 es la prueba de ello). Dos años sin enfrentar el problema es mucho tiempo si se considera el enorme poder corrosivo de la violencia en la vida social, política y económica del país. Si la tasa de homicidios continúa creciendo al ritmo que lo está haciendo ahora, antes de que termine 2017 estaremos como en 2011, el peor año de la violencia del sexenio pasado. ¿Ese será su legado?