Doble mirada

La antigua lucha por los municipios

No se necesita ser un genio de la estrategia para entender que en la lucha por recuperar la autoridad del Estado frente a la expansión territorial y al poder creciente del narcotráfico, los municipios son un espacio estratégico.

Iguala ha puesto al descubierto, de manera trágica, las peores consecuencias de un fenómeno grave: la captura y la reconfiguración de las estructuras políticas de los municipios. Este fenómeno va mucho más allá de la antigua corrupción de las policías (consistente en el soborno tradicional para hacerse de la vista gorda y dejar trabajar a los criminales), pues se trata de la apropiación total del poder y los recursos municipales, y de su utilización para empoderar y enriquecer al crimen organizado, con todo lo que ello implica en términos de la indefensión de los ciudadanos.

Cuando eso sucede, una consecuencia posible son actos de barbarie como el ocurrido hace unas semanas en Guerrero: policías que asesinan a mansalva a ciudadanos, muy probablemente con la idea, tanto de quien ordenó la agresión como de quienes la ejecutaron, de que no habría problema en asesinar y desaparecer a esos revoltosos de la normal de Ayotzinapa. Somos el poder y estamos protegidos por la impunidad.

El evento hizo sonar la alarma y con toda razón, pues no siempre los nuevos poderes de los municipios capturados se dedican a asesinar civiles. Sin embargo, no es el primer caso de participación de autoridades y policías municipales y estatales en actos de esta naturaleza. En La historia del narcotráfico en México, platico varios de ellos. Uno en Ciudad Juárez, donde sicarios del narco junto con policías estatales y municipales asesinaron a 70 miembros de una banda de narcomenudistas y robacoches que se apropiaron de tres toneladas de cocaína; o cómo en una de las matanzas de San Fernando, Tamaulipas, en marzo de 2011, los 196 michoacanos secuestrados de los camiones que se dirigían a Matamoros fueron transportados al rancho donde se les asesinaba, en camionetas de la policía municipal, conducidas por elementos de la corporación. El alcalde ni siquiera se fugó.

Algunos de esos eventos con participación de autoridades municipales fueron muy conocidos y condenados, pero lo que representaban y había detrás de ellos (el proceso de captura de las estructuras políticas municipales, para convertirlas en colaboradoras directas o indirectas de las acciones violentas de las organizaciones) pasó desapercibido para la opinión pública y para la mayoría de los analistas, que entonces se dedicaban más a defenestrar la estrategia del gobierno, que a entender la lógica y la dinámica que guiaba las acciones de las organizaciones criminales.

No se necesita ser un genio de la estrategia para entender que en la lucha por recuperar la autoridad del Estado frente a la expansión territorial y al poder creciente del narcotráfico, los municipios eran un espacio estratégico. La operación de las actividades del narcotráfico o de la práctica masiva de la extorsión y del secuestro requiere necesariamente de la complicidad y el control de las policías municipales y de sus jefes políticos, que vienen siendo como los ojos del Estado en el territorio. Si las policías municipales no ven lo que tienen que ver y que sí pueden ver, el Estado pierde de vista mucho de lo que ocurre en el ámbito local.

Por eso, en lo ocurrido desde 2007, el control de las autoridades municipales se volvió una cuestión de estrategia para ambas partes. No en balde entre 2009 y 2011 el crimen organizado asesinó a 668 funcionarios y policías municipales, por 475 funcionarios y policías estatales y 212 miembros de las fuerzas federales. Ello revela lo estratégico que es para las organizaciones del narco el control de los municipios, antes que cualquier otra cosa.

Pero si analistas y ciudadanos no vieron eso, autoridades federales y gobernadores lo debían saber y haber actuado en consecuencia. Lo grave del asunto de Iguala (la facilidad con que el crimen organizado ha mantenido el control de ese y probablemente de muchos municipios más) es que las autoridades estatales y federales no se dieron cuenta de ello, o no le dieron la prioridad que merecía tamaña debilidad institucional. Las organizaciones criminales saben leer muy bien cuándo hay y cuándo no prioridad política para combatirlos y ante la mínima señal de lo segundo, avanzan como Juan por su casa. Fue Michoacán el año pasado y ahora nos damos cuenta que también Guerrero. ¿Faltan más tragedias? El gobierno tiene la palabra.