Doble mirada

Anticorrupción, ¿luz al final del túnel?

Desde hace casi dos años —cuando se supo de las casas blanca y de Malinalco, de funcionarios que usaban helicópteros públicos como vehículos privados, de la sospechosa cancelación del tren México-Querétaro, de los contratos a Higa— el tema de la corrupción (chica, mediana y grande) no solo no ha parado, sino que nos ha abrumado. De los casos en el gobierno federal se pasó a los abundantes escándalos en los gobiernos estatales, cuyos malos manejos del dinero público suman decenas de miles de millones de pesos. Por desgracia para quienes se apellidan Duarte, ese apellido se ha vuelto, gracias a los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, en emblema y sinónimo de corrupción. Pero no son los únicos. Padrés y Borge ya están en la lista y lo más probable es que nuevos nombres de todos los niveles se sumen.

Tal tsunami de denuncias ha creado un ambiente muy negativo cuyo destinatario es, inevitablemente, toda la clase política. Tal vez contagiado de ese ambiente, el presidente Peña aseguró que en materia de corrupción nadie puede tirar la primera piedra. Aseveración muy grave. ¿Ratificación de que el tema es cultural, del que nadie escapa, o confesión de parte?

En medio de ese estado de ánimo depresivo por la exhibición pública de tantos indicios sobre la privatización y el mal uso de las funciones y los recursos públicos, hay señales que impiden caer en el mayor de los pesimismos. Con lentitud y zigzagueos avanzan dos procesos que pudieran —en caso de tener un desenlace positivo— ser una luz al final del túnel. Se trata del inicio de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y los procesos judiciales iniciados contra los ex gobernadores Javier Duarte y Guillermo Padrés.

De ponerse en funcionamiento el primero adecuadamente, se contaría con una institucionalidad muy sólida para, en un plazo mediano, prevenir, castigar y reducir la corrupción, asuntos que ya no dependerán de la sola voluntad del presidente en turno. Gran avance. La palabra la tienen los legisladores que deben hacer los nombramientos claves —el coordinador del comité ciudadano y el fiscal anticorrupción, entre otros— y otorgarle los recursos financieros que el gobierno no incluyó en el presupuesto de 2017. El riesgo del sistema es la esquizofrenia gubernamental. Por un lado, los legisladores del PRI aprueban las leyes que le dan vida al Sistema Anticorrupción y la SHCP le destina cero pesos a su funcionamiento. No leyó mal. Cero pesos. ¿Quieren o no combatir la corrupción?

En los procesos contra Duarte y Padrés están en juego asuntos de enorme relevancia además de la libertad o culpabilidad de los involucrados. Uno es la capacidad de la PGR de traducir en casos bien fundados las denuncias mediáticas y los elementos aportados por la Auditoría Superior de la Federación. Una cosa son la información periodística, los chismes e indicios de corrupción y otra las pruebas jurídicas. No siempre es fácil convertir los primeros en pruebas válidas ante un juez. Duarte tiene tres acusaciones graves (enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal) y Padrés solo está acusado de evasión fiscal, no de corrupción.

Si la tarea de la PGR es vital para fundar los casos, la del Poder Judicial también lo es para impartir justicia sin politizar los fallos. Si queremos que los políticos estén sometidos, al igual que el resto de los ciudadanos, al estado de derecho, la procuración (PGR) e impartición (jueces) de justicia debe ser transparente, apegada a derecho —no a rumores, ni linchamientos mediáticos— y sin consideraciones políticas, ni partidistas. Convertir la justicia en arma política solo prolonga y alarga la impunidad. La PGR y el Poder Judicial pueden y deben demostrar que la corrupción ya no quedará impune.