Doble mirada

La agenda de 2017 y de 2019

2017 será un año de agendas múltiples. Una cosa es lo que políticos y analistas piensan que debe hacerse —lo que, desde su perspectiva, necesita el país— y otra lo que los tomadores de decisiones harán para garantizar sus intereses. Puede haber coincidencias, pero no necesariamente. Comencemos por la economía, ya que el incremento de la gasolina puso de manifiesto que la prioridad número dos del gobierno será impedir un mayor deterioro de las finanzas públicas. Sí, la segunda prioridad, ya que la primera será ganar las elecciones de 2017 y 2018.

Me explico. Durante los cuatro primeros años de la administración, el gobierno gastó a manos llenas, pese a su discurso de recortes presupuestales que nunca cumplió. En ese periodo, la deuda pública creció 13 puntos del PIB. Un dineral. (Pregúntele a los Duarte y a Borge donde quedó ese dinero). Por otra parte, la caída de los ingresos petroleros y de la inversión extranjera directa impide que el déficit de las cuentas de la economía mexicana con el exterior ya no se pueda cubrir con más deuda, pues si Hacienda decide endeudar más al país, las calificadoras externas (Moody’s, Standard & Poors) le quitarían la calificación de una economía seria y responsable antes de las elecciones de 2018. Y eso tendría consecuencias peores para el bolsillo de la gente justo antes de elegir al nuevo presidente.

Por tanto, aunque doloroso en términos políticos, era indispensable incrementar los ingresos del gobierno —vía el aumento del precio de la gasolina— lo más lejos de las elecciones estatales. En todo caso, en el peor de los escenarios, se sacrificarían tres estados y no la Presidencia de la República, pues impedir un deterioro severo de la economía es condición necesaria, no suficiente, que el PRI sea competitivo en 2018. Y eso es lo más importante. En este punto —cuidar las finanzas públicas y mantener la estabilidad de la macroeconomía— los intereses del gobierno coinciden con los del país y harán todo lo posible y necesario para que así sea. Bien. Pero lo responsable hubiera sido no gastar sin medida, ni permitir la corrupción salvaje de los gobernadores del nuevo PRI.

En cuanto a la agenda política, cuando se está a 18 meses de la sucesión presidencial y a seis de las elecciones de gobernador en tres entidades —Estado de México, Coahuila y Nayarit— que darán un indicio de cómo andan los estados de ánimo de los ciudadanos y la fortaleza electoral de los partidos, ganar los comicios estatales de junio será la prioridad para el gobierno de Peña Nieto y para los partidos políticos. No hay que hacerse bolas. Nada será más importante que obtener las gubernaturas en disputa; lo demás quedará subordinado. La Sedesol y las dependencias que puedan conseguir votos no sabrán lo que es la austeridad; el resto sí.

Por tanto, las prioridades ciudadanas —la seguridad pública y el combate a la corrupción— solo serán atendidas en la medida en que sean redituables como parte de las estrategias electorales de los partidos. Por ejemplo, para el PRI y el gobierno lo redituable sería capturar a Duarte; darle seriedad y consistencia al Sistema Nacional Anticorrupción no lo es, por lo tanto difícilmente esto último será prioritario; pero a la búsqueda del ex gobernador le darán todos los recursos necesarios. Hacer cosas serias para reducir la inseguridad cuesta dinero, toma tiempo y los resultados no serían espectaculares; por esa razón, tampoco habría que esperar gran cosa en esa materia. Contener, que no crezcan mucho los delitos de alto impacto sería lo esperable.

Y según les vaya a los partidos en los comicios de junio, tendremos una idea de la agenda del segundo semestre de este año y de lo encarnizadas que serán las competencias para elegir a los candidatos a la Presidencia. Mucho espectáculo y poco gobierno. ¿Y el país? Que espere a 2019.