Doble mirada

¿Se acabó la crisis?

Que la gente no esté en las calles no significa, pues, que la crisis haya desaparecido. Al parecer, el descontento se está dirigiendo no a la vía pública, sino a las urnas, es decir, a un castigo al PRI…

La crisis política que enfrenta México tiene dos componentes. El primero es el deterioro del funcionamiento —ya deficiente desde antes— de diversas instituciones: de seguridad y justicia, evidenciadas por el caso Ayotzinapa; de la Presidencia y el gobierno de la República, agravada por los escándalos de probables conflictos de interés; de los partidos por múltiples omisiones y también por escándalos de corrupción.

El segundo componente es la profunda indignación social con ese estado de cosas, que se expresó, en los últimos meses de 2014, por medio de múltiples manifestaciones masivas. Las redes sociales y el activismo de muchas ONG también fueron parte de ese estado de ánimo de enojo. El movimiento social produjo una demanda de cambios reales y radicales para fortalecer el estado de derecho; mientras el sistema político no la atienda, la crisis no se solucionará.

Transcurrido el primer trimestre de 2015, ¿qué ha pasado con la crisis, es decir, con el desencuentro entre sociedad e instituciones, producto de la exigencia de reformas al estado de derecho? Las deficiencias institucionales prácticamente siguen intactas. En materia de seguridad y justicia no se ha avanzado casi en ninguno de los diez puntos del decálogo anunciado por el presidente Peña a fines de noviembre pasado. El avance relevante: la aprobación en la Cámara de Diputados del sistema anticorrupción; pero para su entrada en vigor aún faltan entre 18 y 24 meses, si bien nos va. El resto de temas (policía estatal única, cédula de identidad, el 911, etcétera) están atorados en el Legislativo o el gobierno no ha movido un dedo.

En cuanto a la indignación social, ésta persiste aunque las manifestaciones públicas de descontento desparecieron, con excepción de la Ceteg (pero esa ya es otra historia). La encuesta GEA-ISA así lo revela: la aprobación del presidente Peña sigue siendo muy baja (44%); su credibilidad es nula o escasa para 80%; dos terceras partes de la población responsabiliza al gobierno de la mala situación económica; ocho de cada diez ciudadanos piensa que la compra de la casa blanca de su esposa y la del secretario de Hacienda en Malinalco fueron acciones incorrectas; la percepción de inseguridad se mantiene elevada.

Que la gente no esté en las calles no significa pues, que la crisis haya desaparecido. Al parecer, el descontento se está dirigiendo no a la vía pública, sino a las urnas, es decir, a un castigo al PRI (que se diluye por el respaldo del PVEM). La semana pasada comenté la caída de las preferencias por ese partido. Hace seis meses por cada voto para el PAN había tres para el partido oficial; ahora están prácticamente empatados. Esta canalización de la energía social de la calle a las urnas plantea la pregunta de si la demanda de fortalecer el estado de derecho será atendida por el nuevo reparto del poder que surja de las elecciones.

Para quienes piensan que existe una partidocracia incapaz de renovarse, las elecciones de junio legitimarán el obsoleto sistema de
partidos y, una vez logrado eso, se desentenderán de la exigencia social de cambios. Es posible que así suceda. ¿Qué impediría ese escenario? ¿Un voto nulo muy abultado? ¿Una derrota de la alianza PRI-PVEM? ¿Un abstencionismo superior a 60%? ¿Hay algún partido cuya propuesta consista es atender a fondo el reclamo de un estado de derecho sólido?  ¿O la vía electoral no es el camino para generar los cambios y nos regresamos a las calles con más fuerza?