Doble mirada

¿Se les acabará la fiesta a los bandidos?

Se les acabó la fiesta a los bandidos". La frase es muy afortunada —fue la más citada del discurso de toma de posesión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco— porque recoge una demanda generalizada no solo en Nuevo León, sino en todo el país. El enojo social se debe a tres fenómenos reales y de percepción: i) la corrupción se ha incrementado de manera significativa, al grado de que llegó al nivel de la Presidencia; ii) siguen apareciendo nuevos casos, como si a los corruptos no les importara nada la indignación social; no es raro escuchar frases como las siguientes: los corruptos "están desatados y no tienen llenadero". Y iii) no hay la intención ni la voluntad política real de atajarla. Al enojo súmele desesperanza e impotencia.

Por eso, la centralidad de la oferta del nuevo gobernador neoleonés. Las expectativas son muy elevadas. Todos queremos no solo que se les acabe la fiesta a los corruptos, sino que acaben en la cárcel. Sin embargo, el riesgo de incumplimiento es enorme. En el discurso de Jaime Rodríguez abundan las frases contundentes y los buenos deseos, pero escasean los instrumentos para volverlos realidad. Hay, por desgracia, bastante pensamiento mágico, ese que cree que las cosas se hacen casi solas o por un hecho único, fundacional: la llegada al poder de un gobierno "independiente" (sin que nadie sepa que significa eso).

La única medida anunciada para combatir la corrupción fue: "Instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón". Me temo que no bastará. Primero, porque no es tarea de todos, ni todos están capacitados para investigar la corrupción.

Por desgracia, combatir la apropiación privada de los recursos públicos no es fácil. Se requiere, además de la voluntad, un entramado institucional muy sólido: legislación adecuada que defina las reglas de transparencia y rendición de cuentas; instituciones ad hoc —fiscalía especializada; contraloría depurada y fortalecida, tribunales especiales del poder judicial, etcétera— con recursos suficientes y capital humano preparado; mecanismos institucionales de participación y vigilancia por parte de la sociedad; apertura de investigaciones y procedimientos judiciales serios y bien llevados.

A ello hay que añadir la necesaria colaboración de los otros poderes locales (Legislativo y Judicial) y de la Auditoría Superior de la Federación, lo que implica tejer acuerdos y respaldos políticos amplios más allá de Nuevo León, que reduzcan las resistencias que necesariamente enfrentará la cruzada anticorrupción. Y nada de eso fue mencionado en el discurso inaugural de Rodríguez Calderón.

Puede que la instrucción de auditorías masivas, sin orden ni estrategia, se traduzca en cientos de sospechas y numerosos indicios de posibles actos de corrupción, pero pocos datos duros y muy pocas o ninguna prueba con validez jurídica frente a un juez. Un resultado probable de ese método fundado en la pura voluntad puede ser una mayor impunidad, debido a la incapacidad de juzgar y declarar culpables a los eventuales responsables. De ser ese el caso, la frustración y el enojo social aumentarán.

Al centrar la oferta de gobierno en el tema de la corrupción y no acompañarla de una propuesta seria —legal, técnica y políticamente fundada— se corre el riesgo de que el primer gobierno "independiente" produzca los resultados exactamente contrarios a los deseados y vacune a la población contra nuevos candidatos sin partido.