Doble mirada

Violencia, ¿peor imposible?

Una conclusión es que muchas instituciones estatales y municipales de seguridad (no todas) siguen siendo un hoyo negro, sin que exista ningún planteamiento integral, coherente y respaldado presupuestalmente de parte de la Federación, para sacarlas de su postración.

Los eventos de inseguridad ocurridos en los últimos días son muy graves. Es posible que por la cotidianeidad que han adquirido nos parezcan un episodio más de la misma película vista desde hace varios años. A base de repetirse, hemos perdido capacidad de asombro y sensibilidad ante la tragedia de vidas humanas eliminadas de manera tan absurda e injusta.

Sin embargo, ello no disminuye la seriedad de los tres significados que conllevan: a) la fortaleza de un crimen organizado que revela sus aún considerables capacidades de asesinar sin límites, ni escrúpulos; b) la ineficacia, debilidad, ineptitud y corrupción de parte de las instituciones públicas de seguridad y, en un par de los casos ocurridos recientemente, su disposición a matar a lo salvaje y, c) la indefensión de los ciudadanos —cuya vida y el derecho a ella son, para efectos prácticos absolutamente despreciables— producto de esa terrible combinación (crimen fuerte-Estado débil).

El secuestro y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel destaca, en primer lugar, por las capacidades expuestas por la organización ejecutora: un comando en tres vehículos lo detiene a plena luz del día en una avenida muy transitada de Guadalajara. Lo siguiente es historia: su cadáver y el de su chofer son encontrados calcinados a 160 kilómetros del lugar del secuestro, dentro de la camioneta en que viajaban.

Que no se tenga certeza de que el diputado fuera el objetivo real del operativo y su asesinato hubiese sido una equivocación, no le resta gravedad al hecho. En caso de esta segunda hipótesis, los asesinos tuvieron tiempo y manera de enterarse a quien estaban aniquilando y aún así, no les importó. El mensaje de fuerza es incuestionable: podemos, y no nos importa en lo más mínimo, matar a un diputado federal, aunque ello implique que la Federación se nos venga encima. Aquí los esperamos o los esperan nuestros enemigos (por aquello de ir a calentarle la plaza a los adversarios).

La policía de Tlaquepaque y la coordinación con la policía estatal de Jalisco exhibieron la otra cara de la moneda: una ineficacia rotunda: ¿para qué tener cámaras de seguridad, si del conocimiento de los hechos en vivo no se sigue ninguna acción?

Del asesinato de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México (que junto con Jalisco empieza a destacar por su ineficacia ante la ola de violencia, no obstante que han tenido años para prepararse y estar en capacidad de exhibir algo más que torpeza e ineficacia), no hay manera de restarle gravedad. Es ominoso por cualquier lado. Violencia oficial y con saña. Peor imposible. Qué buena noticia que haya tres soldados detenidos y acusados de homicidio. Que el debido proceso judicial de ellos se convierta en una señal y un precedente de que eso no puede volver a ocurrir nunca más. La pregunta inevitable será si esos soldados rasos actuaron por iniciativa propia, o por instrucciones de algún superior. Ojalá y pronto tengamos una respuesta convincente.

Y de Iguala y los seis asesinados el fin de semana pasado ¿qué decir? Es una combinación realmente atroz y, por desgracia, no es una rareza que solo se presente en Guerrero: una policía municipal inepta, con mandos absolutamente impreparados y/o criminales; la complicidad de miembros del crimen organizado actuando como refuerzos o impulsores del ataque a los normalistas y futbolistas (¿por órdenes de quién?), un presidente municipal irresponsable hasta decir basta y un gobernador desentendido reiterada y descaradamente de la mala situación de inseguridad en su estado. Peor, imposible.

Dos conclusiones breves pero preocupantes. Primera, de los asesinatos a manos de autoridades se desprende la nula confianza de ellas en el sistema de procuración e impartición de justicia. Mejor matemos antes que llevar ante la justicia a los presuntos delincuentes. Gravísimo. Sin ese respeto al estado de derecho no hay democracia, ni derechos humanos, ni nada.

Segunda. Muchas instituciones estatales y municipales de seguridad (no todas) siguen siendo un hoyo negro, sin que exista ningún planteamiento integral, coherente y respaldado presupuestalmente de parte de la Federación, para sacarlas de su postración. No basta coordinarse con ellas. ¿Hasta cuándo un plan al respecto?