Doble mirada

Telecomunicaciones: ¿pero qué necesidad?

Algunos analistas reconocen que las iniciativas contienen avances, pero no suficientes para eliminar el argumento central de que se trata de un retroceso muy grave y un contrasentido, pues para favorecer a una televisora hacen del texto constitucional una burla. La otra crítica fuerte proviene del consorcio telefónico de Slim.

Así como hubo consenso legislativo y respaldo social prácticamente unánime para aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, ahora el consenso también es muy amplio para denunciar que el paquete de iniciativas de legislación secundaria en la materia representa un absurdo sorprendente: la negación, tergiversación o minimización de los nuevos mandatos constitucionales. No he leído en estas semanas una, no dos ni tres, una sola defensa del paquete de parte de ningún funcionario. ¿Tanto les avergüenza que prefieren el silencio? ¿La única defensa será el voto de una mayoría sin ningún argumento?

Algunos analistas reconocen que las iniciativas contienen avances, pero no suficientes para eliminar el argumento central de que se trata de un retroceso muy grave y un contrasentido, pues para favorecer a una televisora hacen del texto constitucional una burla. La otra crítica fuerte proviene del consorcio telefónico de Slim, quien percibe que la nueva normatividad distribuye de manera injusta e inequitativa las afectaciones en el sector telecomunicaciones, pues a sus empresas les impiden entrar antes de dos años al negocio de la televisión y les obligan a regalar la interconexión. No sé si Slim tiene razón en sus argumentos, pero esa es su opinión y con base en ella actuará en consecuencia. En todo caso no debiera tratarse de favorecer a uno u otro, sino nivelar la cancha de manera pareja para todos, lo que supone afectar los intereses de ambas corporaciones.

Al leer las críticas al contenido de las leyes secundarias, la pregunta inevitable es ¿en qué estarían pensando los autores de las iniciativas: que los mexicanos somos analfabetos, que el país es el mismo de hace 30 años o que aprobarlas en sus términos actuales no tendrá consecuencias relevantes, pues los críticos son solo un círculo muy pequeño?

Imaginemos que el gobierno y el PRI no entran en razón, consiguen el respaldo de los legisladores que les faltan para la mayoría simple (50% más un voto) y la aprueban sin modificaciones sustantivas. Las reacciones podrían ser las siguientes. En primer lugar, la aparentemente menos grave para los autores de la ley, consistiría en la persistencia de las críticas tanto a la inconstitucionalidad por parte del círculo rojo, las cuales serán impotentes ante el hecho consumado. Sin embargo, a mediano plazo se consolidaría la narrativa del regreso de un PRI autoritario, la cual se les puede revertir fuerte en 2018.

En segundo lugar, habría que dar por un hecho que por lo menos el PRD —pero también podrían hacerlo el PAN y el Ifetel— interpondría un recurso de inconstitucionalidad de la nueva legislación, lo que trasladaría la decisión final a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la decisión del Ejecutivo y el Legislativo correría el riesgo de ser revertida por el Judicial. Y si damos por buenos los argumentos vertidos hasta el momento, no sería extraño que los ministros de la Suprema Corte le enmienden la plana a los otros dos poderes. De ser ese el caso, el golpe político para el gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI sería severo. Una cosa es que un académico critique la incongruencia entre la reforma constitucional y la legislación secundaria y otra cosa que la Suprema Corte de Justicia dicte una sentencia afirmando que tanto los legisladores como el gobierno promovieron y aprobaron una legislación contraria a la Carta Magna. El puro riesgo de que eso ocurra (y las probabilidades no son menores) debería preocuparles. El país es otro, afortunadamente.

La tercera reacción está relacionada con la percepción de que la legislación no sea equitativa para permitir y posibilitar la competencia tanto en las telecomunicaciones como en la radiodifusión (televisión). De ser ese el caso, es probable que American Móvil (Slim) frene las inversiones en mejorar la infraestructura de la telefonía. Ya lo han dicho: ¿para qué invertir si el precio que les pagarían otras telefónicas por la interconexión a su infraestructura es de cero pesos? La afectación será económica (el crecimiento del sector sería menor) y los millones de usuarios continuaríamos padeciendo un servicio telefónico de calidad de cuarto mundo. El país entero víctima, lo contrario a lo que se buscaba con la reforma. ¿Pero qué necesidad?