Doble mirada

Secuestro, policías y gobernadores

Es triste y trágico que en 16 años se hayan anunciado en México cuatro estrategias para terminar con el secuestro y éste goce de una salud directamente proporcional a los esfuerzos institucionales por combatirlo.

Hace ya casi 15 años asistí a una cena en la que Miguel Nazar Haro —personaje legendario de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en la época de oro de esa dependencia— narró episodios de su vida y carrera policial. Una experiencia insólita. Al final, comentó que ya retirado, era frecuente que amigos suyos le pidieran ayuda cuando les secuestraban a un familiar. Aseguró que casi siempre resolvía esos secuestros.

Se ufanaba de que el método para hacerlo era muy simple: dos telefonazos. Llamaba a un contacto en la PGR y a otro en la Procuraduría de Justicia del DF y les comentaba que estaba preocupado por la suerte de sus amigos secuestrados. Y luego explicó que “una vez que en la ratonera se enteraban que el gato era amigo de la víctima, los ratones entraban en pánico y la soltaban al día siguiente”. En algunos casos, los menos según Nazar, los secuestradores no eran ni los judiciales federales ni los del Distrito Federal, sino delincuentes “normales”.

Que elementos policiacos o ex policías se dediquen a secuestrar no es un dato extraño para nadie. Lo sorprendente de este testimonio es la calidad del testigo por el conocimiento directo que tenía del mundo policiaco mexicano. Además destaca la aseveración de que los secuestros realizados por los judiciales no eran casos aislados, sino una actividad sistemática, que los convertía en los protagonistas principales de esa pujante industria.

El secuestro en los 70 era una actividad casi exclusiva de los grupos guerrilleros. Aunque el EPR realizó algunos espectaculares en los 90 y lo sigue haciendo en años recientes, sobre todo en Oaxaca (el ERPI los comete en Guerrero), su actividad secuestradora se volvió marginal frente a la de los cuerpos policiacos a partir de los 80. La aparición de las bandas profesionales (Arizmendi, el famoso Mochaorejas) es de mediados de los 90, aunque debe considerarse que muchas de ellas han contado entre sus miembros a ex policías. En pocas palabras, la principal, que no única, matriz de la industria del secuestro ha sido policial.

Recientemente surgió un nuevo actor en esa industria: el crimen organizado —ya sea por la diversificación de algunas organizaciones de narcotraficantes o por la degradación y desarticulación de éstas— compitiendo y/o compartiendo el crédito de tan terrible y devastadora actividad.

Es triste y trágico que en 16 años se hayan anunciado en México cuatro estrategias para terminar con el secuestro y éste goce de una salud directamente proporcional a los esfuerzos institucionales por combatirlo. Porque quienes trabajan en la PGR y en las policías estatales saben muy bien de la matriz policial y de los vínculos y la complicidad de las policías locales con las bandas del crimen organizado que se dedican al secuestro, es difícil no pensar que existe un cinismo en muchos mandos políticos y policiacos cuando aseguran que esta vez sí irán con todo contra los secuestradores.

En agosto de 2008 al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno se comprometieron a crear unidades antisecuestro, integradas por elementos probadamente confiables, bien equipados y entrenados. No era una meta difícil de cumplir, ni tampoco muy costosa. Se requería voluntad política real, expresada en la creación de ese cuerpo policiaco, complementada con la depuración profunda de las policías ministeriales. A juzgar por la estadística oficial sobre el crecimiento de los secuestros en los últimos años especialmente en 2013, a la mayoría de los gobiernos estatales el compromiso de sus titulares les importó lo mismo que la suerte de muchos secuestrados: muy poco. ¿A quién le rinden cuentas? Por lo menos les debería dar vergüenza, pero parece que ni eso.

Los policías corruptos entienden muy bien las señales. Saben cuándo hay voluntad y cuándo no atacar la corrupción. Ante la menor señal de hipocresía o de relajamiento de parte de la autoridad política, se recomponen las complicidades y la comisión de secuestros con una velocidad sorprendente. Lo deben saber los gobernadores y también en el gobierno federal. ¿Hay voluntad política? ¿Por cuánto tiempo? ¿O los gobernadores, con algunas excepciones, van a hacer lo mismo que hace seis y diez y 16 años?